Mañueco considera "injusto" el trato a la región en el reparto del fondo COVID

Durante su comparecencia en la Sede de la Presidencia tras la décimotercera conferencia de presidentes, Fernández Mañueco defendió que el reparto de esa dotación de recursos a las comunidades se realice en función de la incidencia del virus en su población, el envejecimiento y la dispersión territorial.

Fernández Mañueco lamentó que con los nuevos criterios el fondo no se destine íntegramente a los gastos extraordinarios motivados por la incidencia de la pandemia en la sanidad y los servicios sociales y censuró que se recorten 2.000 millones a ambas áreas. El presidente aseguró que de los 650 millones con los que espera contar Castilla y León se pueden recortar en unos 125 millones.

En tal sentido, defendió que se mantengan los 11.000 millones previstos para sanidad y servicios sociales y anunció que se dará "batalla" con otras comunidades que tampoco comparten los criterios, si bien observó escaso margen porque el debate irá al Congreso sin pasar antes por el Consejo de Política Fiscal y financiera. "No se ha explicado el cambio de criterio", afirmó Fernández Mañueco, que recordó que Castilla y León fue una de las primeras comunidades en solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez un fondo extraordinario y no reembolsable y estimó que el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo para el gasto en educación.

En anterior comparecencia, cuando el Gobierno anunció ese fondo, el presidente de la Junta valoró que la "música" sonaba bien pero que "había que conocer la letra", lo que hoy recriminó al Ejecutivo ante los criterios para su reparto, cuya primera cantidad de 6.000 millones compromete a las autonomías para primeros de julio.

En el apartado económico, exigió que los ERTE se prorroguen más allá del 30 de junio, que se flexibilicen los criterios de déficit y de deuda para que sea superior al 0,2 por ciento de endeudamiento previsto para realizar una política expansiva en la recuperación económica y que el Gobierno acuda al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad).

Igualmente, llevó de nuevo a la reunión las reivindicaciones de una mesa por la automoción, la gestión por la Junta del Ingreso Mínimo Vital, la defensa de la PAC en la negociación con Europa, el apoyo a la industria agroalimentaria y medidas para sectores como la hostelería y el comercio.

En relación a la mesa de la automoción, manifestó no ser "consciente" de que Pedro Sánchez se hubiera referido a ella durante una conferencia de más de cuatro horas con los presidentes autonómicos y señaló que el Gobierno "debe dar una respuesta y tomar cartas en el asunto", en referencia a la petición del consejero de Economía y Hacienda de la Junta a la ministra de Industria y del envío de una carta firmada por varias comunidades

Por otro lado, el presidente de la Junta reiteraba su petición de que sea Castilla y León la que gestione el Ingreso Mínimo Vital para evitar duplicidades y dada su "dilatada" experiencia en este ámbito con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

"Tenemos capacidad de gestión: en materia de dependencia somos la única comunidad con sobresaliente, y la de referencia en el ámbito de los Servicios Sociales", ha explicado Mañueco durante la rueda de prensa posterior a la videoconferencia de presidentes con Pedro Sánchez.

En este sentido, ha asegurado que no entendería que no se le concediese a Castilla y León esa gestión y sí a otras autonomías.

Igualmente, ha considerado necesaria una mayor coordinación para evitar duplicidades a la hora de abordar las ayudas dirigidas a los mismos colectivos por parte de diferentes administraciones.Asimismo, ha solicitado también que se pueda incluir en el Ingreso Mínimo Vital a aquellas personas que estén reconocidas con derecho de asilo.

Además, Mañueco, también pidió que el decreto ley sobre las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente al COVID-19, una vez finalizado el estado de alarma, incluya la limitación de los movimientos de los ciudadanos entre comunidades autónomas, al ser una competencia exclusiva del Gobierno central, y el establecimiento de un cauce "claro y formal" con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El decreto, que será aprobado el martes en el Consejo de Ministros, debe, a su juicio, recoger, "meridianamente claro", la limitación de los movimientos de la población entre los diferentes territorios para evitar que ocurra lo que sucedió al inicio de la pandemia. Además, apuntó que la Junta no descarta solicitar el pase a la fase 3 antes de los 15 días previstos, aunque se tendrá que analizar en la Comisión de expertos.

Fernández Mañueco recordó que no todas las comunidades están en las "mismas circunstancias". Precisó que ya se habla de flexibilizar el paso de personas entre las fronteras con Portugal y Francia pero afirmó que la situación es diferente entre Galicia y el país luso que con Castilla y León.

Reiteró que la postura de la Junta es apostar por la "prudencia" porque la vida y la salud de las personas es un "valor ético" que se tiene en "alta estigma" en el Ejecutivo autonómico. Una defensa que, a su juicio, es compatible con el "máximo" esfuerzo por la recuperación económica, para no dejar a nadie atrás. En todo caso, dejó claro que todo dependerá de la evolución epidemiológica por que ahora queda "todo un mundo" hasta el 22 de junio.