618 familias zamoranas cobran ahora la renta garantizada de ciudadanía, 430 euros que abona la Junta de Castilla y León y en torno al 45% entrará automáticamente a percibir el nuevo ingreso mínimo de inserción puesto en marcha por el Gobierno, con 472 euros al mes para personas sin ingresos. Isabel Blanco, consejera de Familia defiende la medida, aunque denuncia que nace con indefinición y una incomprensible discriminación ya que País Vasco y Navarra las van a poder gestionarla y el resto de comunidades no.

-¿El ingreso mínimo vital del Gobierno es similar a la renta de ciudadanía?

-Si. Desde 1990 funcionaba el ingreso mínimo de inserción, que era más temporal y desde hace una década la renta garantizada de ciudadanía que supone unos 70 millones de euros al año, aunque en el pico de los años duros de la crisis llegó casi a 80.

-¿Cómo funciona?

-Se establece una cuantía mínima y una máxima en función del número de hijos, situación familiar y demás. La renta mínima son 430 euros y la del Estado es 472. Nuestra renta garantizada está en el estatuto de autonomía, garantizada por ley y es una renta subsidiaria a este tipo de ingresos.

-¿Que quiere decir?

-Que una persona que esté cobrando hasta ahora la renta garantizada de ciudadanía, tendría que solicitar el ingreso mínimo vital y si cumple sus requisitos lo cobraría. Si no los cumple porque afecta a algún colectivo diferente de los que consideramos nosotros u otra causa, seguiría cobrando la nuestra, la renta básica.

-¿Afecta a personas prácticamente sin ingresos?

-Es gente que prácticamente no tiene ingresos o muy bajos. Por ejemplo si tu estas cobrando 200 euros se podría complementar con el ingreso mínimo o la renta de ciudadanía hasta los 470 o 430 euros. Hay sobre un 20% de los beneficiarios que se van renovando, porque encuentran trabajo o cambia si situación y un 80% que están permanentes.

-¿A cuanta gente beneficia?

-A 9.550 titulares, y en total 22.656 beneficiarios según la última nómina, y en Zamora 618 titulares y 1.489 beneficiarios, porque claro cada ayuda beneficia a todo el ámbito familiar.

-¿Todos ellos cobrarán el ingreso mínimo vital?

-El decreto dice que de oficio pasarán los que cobran prestación por hijo a cargo del INSS, aproximadamente el 45% de los beneficiarios de la renta de ciudadanía. del otro 55% habrá que ver quién lo solicita y cumple los requisitos para entrar en el ingreso mínimo o quien se queda cobrando la renta. Nosotros consideramos la situación económica que tienen las familias en este momento, no solo los ingresos del año pasado, como hace el ingreso mínimo. Otra diferencia es que nuestra ayuda se vincula a la búsqueda activa de empleo, los programas de inclusión o inserción socio laboral y ellos lo que piden es estar inscrito en el paro.

-¿Como lo comprueban?

-A través de informes bancarios, de las rentas, patrimonio que puedan tener, vehículos de los que puedan disponer, de las valoraciones de los servicios sociales sobre la vulnerabilidad de las familias.

-¿Consideran la del Gobierno una buena medida?

-Es una buena medida porque es similar a la que nosotros tenemos y unificas un mínimo para toda España, pero la normativa peca de indefinición. Nosotros tenemos que cerrar ahora las nóminas de junio y no sabemos si conoceremos los beneficiarios del Gobierno. ¿Puede haber beneficiarios que cobren por los dos lados?. ¿Les vamos a tener que pedir la devolución a estas personas?. Eso es lo que criticamos y lo que no nos parece bien es que a País Vasco y Navarra se les de la gestión integral, cuando Castilla y León tiene sobrada experiencia en gestionar la renta garantizada y somos los primeros en servicios sociales. Y han copiado ideas que ya estaban en marcha.

-¿Por ejemplo?

-El decreto regula la tarjeta social, antes era universal y ahora la llaman virtual, una plataforma en la que las administraciones cargan todas las rentas que percibe una persona, para tratar de ajustar las distintas subvenciones, que puso en marcha el PP.