La Subdelegación del Gobierno ha prohibido la manifestación que, organizada por Vox, se había convocado en Zamora (y en las otras ocho capitales de provincia de Castilla y León) para el próximo sábado 23 de mayo. La resolución se basa en los informes desfavorables recabados a la vista de las comunicaciones, entre los que destaca el de los Servicios Territoriales de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el sentido de que la manifestación puede suponer un riesgo para la integridad física tanto de los participantes en las mismas como de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, al existir una acumulación de personas.

Por el mismo motivo, señalan los informes, "en tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales y con independencia de las medidas propuestas en las comunicaciones, la celebración de las manifestaciones podría suponer un peligro para la Salud Pública al ser una posible fuente de propagación del virus".

En las resoluciones se recuerda que, si bien el derecho de reunión es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el artículo 10 de esta última otorga la competencia para limitar o prohibir la reunión o manifestación a la autoridad gubernativa, "ante la existencia de razones fundadas que puedan producir alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes".