El cierre del camino internacional de Rihonor de Castilla y Rio de Onor de Portugal fue ayer escenario de tensión y críticas después de que se autorizara, supuestamente, el paso de vehículo agrícolas y residentes para realizar labores agrícolas dos días en semana, miércoles y sábado, y durante dos horas, de 10 a 12. La autorización de paso temporal pende de un último trámite "político", según los presentes. El corte impuesto tras el cierre de las fronteras a raíz de las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID 19 impide que unos y otros puedan acceder a las fincas o explotaciones a trabajar. El camino ayer tampoco se abrió.
Los más perjudicados por esta situación son una familia del barrio español que no puede acceder ni a la nave con las ovejas, en suelo portugués, ni al colmenar en suelo español pero al que tiene que pasar por el camino ahora cerrado que discurre entre los dos países. El coronavirus está atacando, no a la salud, sino a la convivencia. En los dos pueblos no consta ningún caso de COVID 19.
Marta Rodríguez Preto y Luis Miguel Criado Aguado cargaron en el barrio español el tractor de alpacas para las 10 ovejas que su familia tiene en Rio de Onor de Portugal, para ajustarse a las dos horas de margen para atender los animales. Tras recibir una autorización de manos del alguacil del municipio de Pedralba de la Pradería, a pie del camino, ascendieron por el camino hasta la cadena a las 10 en punto de la mañana. Allí aguardaron media hora a que se presentara la autoridad local del barrio portugués para proceder a la apertura.
Espera tensa
La espera fue tensa por parte de Marta Rodríguez que denunciaba el incumplimiento del acuerdo negociado la pasada semana. Hasta 18 personas entre autoridades civiles, policiales y militares de Braganza y Zamora, se desplazaron hasta la frontera para acordar las condiciones de tránsito de personas y vehículos agrícolas de Rihonor de Arriba a Rihonor de Abajo y viceversa, para cumplir los trabajos agroganaderos a ambos lados de una raya fronteriza.
Marta Rodríguez responsabilizaba a las autoridades lusas de esta situación y de aprovecharse de la prohibición de paso para hacer cortas de leña, de recoger urces y escobas y hasta de fumigar sin permiso en los castaños de comunales de suelo español. La indignación de esta vecina iba en aumento mientras trataba de localizar por teléfono al alcalde del municipio para que avisara a las autoridades lusas.
En juego está el proyecto de explotación apícola de 300 colmenas de la familia subvencionadas por la Junta de Castilla y León, con el miedo a perder las ayudas al no poder sostener los dos colmenares que tiene asentados y a los que necesita acceder por el camino. En estas fechas, está en auge el periodo de enjambrazón y es necesario recoger los nuevos enjambres. Las pérdidas "son de entre 6.000 y 9.000 euros" como consecuencia de este bloqueo, como denunciaba Luis Miguel Criado.
