Madrid, Galicia, Euskadi y Cataluña anunciaron al Ministerio de Educación su intención de mantener las fechas de las oposiciones de Secundaria para junio de este año. Los representantes de educación de toda España debían entregar al Gobierno su decisión en estos días. Trece comunidades -entre ellas Castilla y León- se inclinaron a retrasar para 2021 las fechas inicialmente previstas para los ejercicios de oposición, mientras que las cuatro mencionadas "han creído conveniente dejar abierta, por el momento, la posibilidad de realizarlas en 2020, sin prejuicio de que las circunstancias puedan aconsejar modificar dicha decisión", se especifica.

Desde CSIF, el responsable de Educación en Zamora, Pedro Calbarro, reconoce que los sindicatos hubieran preferido una "decisión unánime que aportara coherencia", para que todas las comunidades pospusieran estas pruebas de oposición para el próximo año. Esperando todavía los futuros acontecimientos con motivo de la crisis sanitaria, Calbarro advierte de que "si alguna de las oposiciones sigue adelante, habría una saturación tremenda de aspirantes de toda España". Una situación que, a priori, sería mucho más previsible en el caso de Madrid, puesto que las otras tres comunidades -Cataluña, Euskadi y Galicia- cuenta con el inconveniente del idioma para aquellos que no sean de la propia comunidad, lo que les haría partir con cierta desventaja en el concurso.

En este sentido, habría que encontrar una infraestructura con capacidad suficiente para albergar a todos los opositores. "En el caso de Madrid no se podrían utilizar las instalaciones de Ifema", pone como ejemplo Pedro Calbarro. La capital, de hecho, ya ha señalado que esperará al próximo 11 de abril para tomar una decisión definitiva puesto que si no hay mejoría en la situación de crisis, también se pospondrían.

En lo que sí están de acuerdo todas las comunidades es en reducir la elevada tasa de temporalidad que aqueja al profesorado. "Ese objetivo compartido implica adoptar decisiones que permitan continuar disminuyendo dicha tasa. En consecuencia, las medidas que las comunidades autónomas han decidido adoptar pretenden respetar ese principio general", apunta el ministerio.