El gremio de la construcción y la inmobiliaria en Zamora continúa en shock después de los "precipitados" acontecimientos del pasado domingo, cuando el Gobierno decretó incluir a este sector dentro de las actividades no esenciales que deberían someterse al parón laboral en todo el país.

Si bien la medida no es discutible para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Zamora (Aprinza) en aras de la seguridad, sí que lo han sido las formas. Afirman los responsables de esta organización que, aunque acatan, también han echado de menos un "consenso" con los afectados antes de su aplicación. Igualmente, solicitan el establecimiento de un "plan de choque" para minimizar los daños producidos y los que estarán por llegar dado que, a su juicio, el futuro va a resultar "complicado" para un sector que emplea a casi 6.000 personas en la provincia de Zamora.

Los promotores inmobiliarios zamoranos han afeado al Gobierno la manera de proceder, en tanto en cuanto afirman que cerrar una empresa "no es dar al botón de apagado y luego al de encendido". Las consecuencias económicas "de difícil estimación" han sembrado la preocupación en el sector y también en los indirectos. "Junto a nuestras empresas, existen otras que dependen de que estemos activos como las de servicios, abastecimiento de material, de medios auxiliares, administrativos o personal de limpieza", apuntan.

El sector de las estaciones de servicio, por su parte, denuncia el retraso en la fijación de servicios mínimos en las estaciones de servicio que son consideradas por el Gobierno como un servicio esencial y, por tanto, están obligadas a mantenerse abiertas. Con una reducción en la movilidad del 89%, tal y como declaró el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (FERECLAES) insiste en que "no tiene ningún sentido seguir manteniendo el 100% de la oferta de suministro en los 1.000 puntos de venta de la comunidad".

Así, el gremio ha solicitado en reiteradas ocasiones a los gobiernos regionales y nacionales "el establecimiento de unos servicios mínimos que garanticen el adecuado abastecimiento de carburante" de los servicios esenciales tales como el transporte sanitario, el transporte de mercancías o las fuerzas de seguridad del Estado al tiempo que "permitan a las estaciones que así lo deseen cerrar temporalmente sus negocios hasta que España recupere la normalidad".