La Junta pide al Gobierno nacional que reparta de forma equitativa entre todas las comunidades los fondos de la casilla social del IRPF. Los veinte millones que actualmente recibe la administración autonómica, aseguró ayer la consejera zamorana Isabel Blanco, podrían ser más de haber recibido Castilla y León "el mismo tratamiento que otras comunidades". "Pedimos que el incremento sea proporcional. En el último reparto hubo comunidades en las que subió el IPC y otras en las que lo hizo el 10%. No entendimos esos criterios, el incremento debe ser proporcional para todas las comunidades", apuntó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Isabel Blanco recordó que esta misma semana quedarán pagados todos los proyectos que las asociaciones del Tercer Sector han presentado para financiar con cargo al 0,7% de la casilla del IRPF. "Son más de veinte millones en Castilla y León para estas asociaciones, pero vamos a reclamar que aumente la cantidad porque este es un dinero que no se da a las administraciones, va directamente a proyectos que benefician a las personas", apuntó la consejera durante una reunión en la que presentó a las entidades sociales de la provincia de Zamora los primeros detalles de la nueva ley del Tercer Sector, que podría estar lista este mismo verano.
La ley se encuentra en este momento en pleno plazo de presentación de alegaciones, razón por la cual la Junta considera importante que los que van a ser los principales afectados conozcan de primera mano la normativa. "Muchas veces la visión de la realidad que tienen las asociaciones provinciales es diferente a las entidades regionales, por eso es importante este primer encuentro". En los próximos meses, puntualizó Blanco, habrá más encuentros de este tipo. "Se trata de una ley muy demandada. Si los servicios sociales de Castilla y León son un ejemplo es también por la labor que realizan estas asociaciones", entre las que se incluyen Cruz Roja, Asprosub, Cáritas o la ONCE, entre otras muchas. "La ley va a definir lo que es tercer sector y lo que no. Ahora hay muchas asociaciones, fundaciones... y es necesario poner un poco de orden. Además, marca obligaciones respecto a la relación laboral que deben mantener las personas que trabajan con ellos y da una estabilidad financiera que nos vienen reclamando desde hace tiempo". En este sentido, Blanco recordó la próxima aprobación del Decreto de Concertación Social, que ya se está tramitando después de su paso por el portal de Gobierno Abierto y que podría recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno en un plazo de dos o tres meses. "A través de este decreto o a través de subvenciones se garantizará la sostenibilidad financiera de estas asociaciones", dijo la consejera antes de dar comienzo a la reunión celebrada en las dependencias de la administración regional.
Por lo demás, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León confió en que las alegaciones presentadas a esta ley, que "nace desde el consenso con los colectivos afectados", no sean de relevancia. "El plazo todavía está abierto y no hemos empezado a revisarlas. Se hará cuando se cierre el plazo, el próximo cinco de marzo, porque muchas podrían llegar repetidas". A partir de ahí la ley tendrá que ir al Consejo Económico y Social, después al Consejo Consultivo y pasar por las demás Consejerías. "Esperamos que está lista en verano", calculó Blanco.
