El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora pone en valor el trabajo de los Servicios Sociales municipales tras paralizar el desahucio de una familia de la capital formada por una mujer y dos hijos menores de edad y defiende su labor ante las críticas recibidas por parte de personas que apoyan a la familia. En este sentido, el informe elaborado por el departamento de Servicios Sociales ha sido “determinante” para el cuarto aplazamiento del desahucio dictado por el Juzgado así como para la prórroga del alquiler de la vivienda que ocupa desde hace dos años.

El equipo de Gobierno reconoce “el trabajo permanente de los empleados municipales de Servicios Sociales” en la búsqueda de una vivienda de alquiler disponible para la familia “avalada y financiada por el Ayuntamiento durante el tiempo necesario hasta que se adjudique por parte de la Junta las viviendas disponibles por este momento”. Además, el Ayuntamiento “ha estado pendiente de la familia, ha propuesto distintas soluciones y ha garantizado que ni esta familia ni ninguna otra en situación de desahucio por impago de alquiler se queden en la calle”.

Si bien esta labor “forma parte del cumplimiento con su trabajo y sus obligaciones”, el equipo de Gobierno recalca que durante la realización de su labor “han sido objeto de duras críticas, como lo ha sido también este equipo de Gobierno, por parte de colectivos de apoyo a esta familia”, aunque “ni desde el punto de vista profesional ni desde el político hemos querido responder a valoraciones de incompetencia, tratos vejatorios, maltrato institucional, falta de sensibilidad o petición de dimisiones por respeto a las personas en situación de necesidad”. En la misma línea, puntualizan que los Servicios Sociales del Ayuntamiento “no han sido pasivos sino que han buscado permanentes soluciones con todos los recursos con los que cuentan”. Además, alegan que SEPE “ha concedido ayudas extraordinarias al alquiler por su condición de víctima de violencia de género no justificada” y la Junta “ha puesto a disposición una vivienda en Santibáñez de Vidriales que ha sido rechazada”.