Agobiado por la sentencia judicial que el condena a año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación, pero con la conciencia tranquila. Así se siente Roberto Cisneros, el alcalde de Mahíde que tiene el respaldo de sus concejales, como el teniente de alcalde Laurentino Peláez, de La Torre, y Audina Leal, alcaldesa pedánea del propio Mahíde.

"Hemos detectado 73 construcciones, casas y naves hechas sin proyecto porque no hay una normativa municipal, nos regimos por la de Castilla y León. Y ahí donde se pidió ese proyecto (objeto de la sentencia judicial) dos legislaturas antes de entrar yo de alcalde estaba asfaltado, con agua y desagüe. El alcalde anterior lo hizo con intención de que la gente pudiera construir ahí. Se me presentó un proyecto para una nave de aperos y el arquitecto me dijo que era totalmente legalizable. El informe de asistencia a municipios fue desfavorable porque decía que faltaban cosas y que a él le parecía que era una casa en vez de una nave, pero él nunca fue a ver la obra, se basó en el mismo proyecto que tenía yo, que era para una nave. Bueno, pues yo como el arquitecto me dijo que era legalizable, por agilizar un poco el tema, porque era un matrimonio con tres hijos pequeños y desde Diputación se había dicho que había que apoyar el asentamiento de la gente joven de Aliste pues firmé la licencia, aunque nadie me dijo que estuviera cometiendo un delito", explica Cisneros.

Pero hubo una denuncia de un vecino "con el que se llevaban mal y ahí empezó todo. Estoy muy agobiado por la sentencia, año y medio de cárcel, la prevaricación, y porque trabajo de cara al público, todo el mundo te pregunta", aparte de la preocupación familiar.

El alcalde reitera su intención de recurrir. "Del partido no me han dicho nada, porque esto puede ser un fallo, pero sin mala intención. En las últimas elecciones la gente ya sabía que estaba imputado y volví a salir por mayoría absoluta. Los vecinos ya me juzgaron".

Laurentino Peláez dice que "hay un chico que quiere hacer una casa y lleva dos o tres años esperando a hacer una modificación del casco urbano, porque se pasa dos parcelas de donde quiere hacerla. Total que a alguien que quiere venir a vivir al pueblo no le dan facilidad ninguna. Es un chico que está en Logroño y lleva tres años esperando la ampliación del casco urbano. En Zamora esto es tremendo. De lo que se trata es de ayudar a la gente de los pueblos y Roberto nunca pensó que firmando eso estaba cometiendo un delito".

"Si nosotros nos hemos metido en el Ayuntamiento es por intentar ayudar a la gente de los pueblos, porque no cobramos un duro, estamos perdiendo nuestro tiempo porque nos gusta y para ayudar a la gente. Él siempre pensó facilitar la vida a esa familia", cree Peláez.