"Hay pueblos que son la selva, repúblicas bananeras en el cumplimiento de la normativa urbanística y luego vienen los problemas". El presidente del Colegio de Arquitectos de Zamora, Javier Ferrero, cree que la sentencia por prevaricación contra el alcalde de Mahíde, Roberto Cisneros, debe hacer reflexionar a otros muchos ayuntamientos de la provincia sobre las consecuencias legales que puede acarrear el incumplimiento de la normativa urbanística.

De hecho, el Colegio de Arquitectos ha enviado notificaciones a varias localidades de la provincia en las que les piden la restauración de "ilegalidades urbanísticas", aunque de momento están teniendo muy poca receptividad por parte de las administraciones locales. "Hay localidades donde no consta en nuestros archivos ni un solo proyecto visado en los últimos diez años, cuando tenemos constancia de que hay obra nueva, que necesitaría un expediente de regulación. Y lo que deben saber estos ayuntamientos es que existen procedimientos legales para hacer cumplir la legalidad".

En el caso de Mahíde, "si había una obra nueva, habrá que hacerla bien, no tirar para adelante y luego intentar legalizarla"

La situación en estas localidades indisciplinadas urbanísticamente hablando no acaba que mejorar e incluso retrocede, como ocurrió en la pasada legislatura con los cambios de alcalde, explica Ferrero.

El presidente del Colegio de Zamora (que funciona como una delegación del Colegio de Arquitectos de León), cree que el argumento según el cual la normativa urbanística es un freno para la actividad en los pueblos, ya que retrasa cuando no impide la construcción de viviendas y negocios "es un mito".

"A veces se amparan en que si no tienen manga ancha no me hacen nada en el pueblo. Pero eso es totalmente subjetivo e irreal, porque municipios donde cobran su tasa y piden todo a rajatabla" no sólo funcionan con normalidad, sino que "con esos ingresos que tienen les da para mejorar las infraestructuras, no tienen que andar llorando a Diputación o a la Junta. Se quejan de que "no me dan dinero", ya pero es que usted no está cumpliendo su parte de las reglas del juego. Me decían en Diputación que ahora están exigiendo a los pueblos que solicitan ayuda para abastecimiento, saneamiento y pavimentación que si no cobran la correspondiente tasa de agua no les conceden la subvención. Es lógico, si no tienen estos municipios una tasa de agua, si están regalando el agua, ¿Cómo tienen luego el valor de pedir a la Diputación que le mande unas ayudas para renovación de la red?. No todo es pedir y llorar, sino que cada administración debe exigir el cumplimiento de sus normas y ordenanzas, que las tendrán que tener todos y dentro de esas ordenanzas cobrar las tasas que correspondan, y entre ellas las de obras. Y con eso poder hacer las mejoras correspondientes de pavimentación, iluminación, saneamiento o lo que sea".

Ferrero explica que la burocracia urbanística es la misma en todos los sitios y no tiene por qué ser engorrosa, de hecho resulta cada vez más ágil. " Otra cosa es que te la quieras saltar, eso si que es agilizar. Pero luego entramos con el vecino de turno que lo quiere hacer bien. A mi me pasa con mis promotores, que me dicen ¿y por qué a mi me exigen esto y mi hermana que está ahí al lado ha hecho lo que ha querido?".

Y derivado de esta mala forma de hacer las cosas vienen los problemas. "De oficio tendrían que actuar tanto el ayuntameinto como la Diputación o la Junta porque es una infracción urbanística y que actuara el que correspondiera. Pero se amparan en eso es una cuestión que desconocen o que el alcalde o el secretario de turno les dicen que es muy engorroso. Pero saltarse eso hoy es un perjudicio el día de mañana", ya que luego vienen los problemas de todo tipo, desde la imposibilidad de registrar la propiedad hasta "los espantajos que tenemos en toda la provincia, no sólo estéticamente, sino" también a nivel funcional por no respetar las mínimas normas urbanísticas.