La vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (Madrid, 1969), se estrenó en la segunda de sus citadas atribuciones durante el congreso "Razones para quedarnos", organizado este miércoles por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en la sede del Consejo Consultivo. La responsable del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez analiza, en una entrevista exclusiva, los retos que tiene por delante en la legislatura que acaba de echar a andar.

-El problema del reto demográfico se ha mediatizado en los últimos meses y por primera vez forma parte de las competencias de una Vicepresidencia del Gobierno. ¿Qué supondrá eso, en lo concreto, para los territorios despoblados de este país?

-Hay un compromiso por parte de la Conferencia de Presidentes de 2017 de lograr un Pacto de Estado para afrontar el reto demográfico con solvencia, garantizando que quien quiera pueda quedarse a vivir donde quiera y no tenga que emigrar. Esto ha hecho que el presidente Pedro Sánchez trabajara, a través del Alto Comisionado, en las directrices y en la estrategia que ya ha sido presentada y que es la base de nuestro esfuerzo en este momento. Ahora hay que acabar de asentar, identificar medidas específicas y buscar cómo profundizar y lograr que ese consenso se materialice en la próxima Conferencia de Presidentes. Vamos a coordinar toda la acción de Gobierno en cuestiones importantísimas como la despoblación, los desafíos derivados de la dispersión territorial, o el progresivo envejecimiento de nuestra pirámide demográfica, a través de una Vicepresidencia y mediante medidas concretas que iremos desgranando y trabajando junto a los actores locales.

-En los próximos meses hay que desarrollar el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y la Comisión Europea se ha marcado como uno de sus objetivos la lucha contra la despoblación. ¿Cuáles serán las peticiones de España?

-La nueva Comisión Europea se ha comprometido a incorporar las variables sobre reto demográfico a los criterios que definan el próximo marco financiero. El Informe País 2019 del Semestre Europeo introdujo por primera vez entre los objetivos prioritarios para los Fondos Estructurales los problemas relativos a la despoblación y a las dificultades para la prestación de servicios en las áreas rurales. El objetivo es afrontar el reto demográfico transversalmente con todos los fondos estructurales - el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)„, y que así quede reflejado tanto en el Acuerdo de Asociación España con la UE como en los distintos programas operativos a escala regional. La próxima semana me reuniré en Madrid con la vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión, Dubravka ?uica, para abordar, entre otros, este asunto.

-Localidades de la España interior mantienen serios problemas de conectividad en telefonía y televisión, y según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, solo el 48% de las localidades de menos de 5.000 habitantes tiene banda ancha. ¿Cómo cabe esperar el asentamiento de empresas en el medio rural con esta desconexión en pleno siglo XXI?

-Es básico. Conectividad para los españoles que viven en el campo o en la montaña, en pueblos pequeños y medianos, jóvenes y mayores, que vivan del sector agropecuario o que se dediquen o quieran dedicarse a otras actividades, incluidas las más punteras y digitales. Es uno de los instrumentos facilitadores clave para acceder a formas nuevas de educación, servicios, generar riqueza, conectar canales de distribución y conocimiento. Es una de nuestras prioridades. Ya estamos trabajamos junto con la Vicepresidencia Tercera para dotar a las zonas blancas de la cobertura de internet y móvil necesaria, no sólo para el asentamiento de empresas, sino para garantizar una adecuada prestación de todo tipo de servicios básicos. Ese esfuerzo ya se está realizando, y se verá reflejado en próximos informes de cobertura. A finales de 2018, recordamos a las principales operadoras sus obligaciones para prestar servicios de banda ancha de hasta 30 Mbps en los núcleos de menos de 5.000 habitantes, y estaremos atentos a que se cumpla este plan en 2020. En la última convocatoria del Plan de Extensión de Banda Ancha, el número de núcleos rurales de pequeñas dimensiones a los que va a llegar la fibra óptica supuso un récord respecto a las convocatorias de años anteriores, aunque somos conscientes de que hay que seguir mejorando para garantizar cuanto antes la cobertura de 30 Mbps para toda la población.

-El Gobierno de España necesita el apoyo de grupos nacionalistas para ejecutar su programa durante la legislatura. ¿Pueden confiar los ciudadanos de la España Vaciada en que habrá una discriminación positiva para sus territorios, teniendo en cuenta que los partidos que deben apoyarles reclamarán una mayor financiación?

-El Gobierno representa a todos los que han querido sumar, es plural, integra distintas sensibilidades progresistas y busca recortar la brecha que se ha ido generalizando a lo largo de décadas en las que nos olvidamos de asuntos importantes. El debate sobre la financiación de los servicios es fundamental: los servicios, las prestaciones, las inversiones en el territorio... Nuestra intención es garantizar que, en el contexto de la revisión del marco financiero y en el contexto de la identificación de las prioridades de inversión, ésta es una de ellas. Porque recorta desigualdades y porque facilita oportunidades. Este ha sido uno de los mensajes más importantes del presidente y es algo que forma parte de nuestro compromiso. En el Parlamento es obvio que hay grupos políticos que representan distintas sensibilidades, pero también hay un marcado compromiso del resto de los grupos, partidos políticos de implantación nacional o de implantación regional que conocen, saben, sienten y están comprometidos con su tierra. Por tanto, no veo ningún problema ni ningún riesgo a tal efecto.

-¿Teme que las pequeñas provincias sigan el ejemplo de Teruel y den la espalda a los partidos tradicionales para pelear sus propios objetivos en las instituciones nacionales?

-En una democracia, nunca podemos temer que la sociedad se organice y busque los cauces políticos que considere necesarios para alcanzar los objetivos deseados. Pero creo que lo importante es facilitar opciones para el conjunto del país, y no entrar en una competencia de banderas o localismos. Es fundamental recuperar equilibrios de forma inclusiva, con una visión respetuosa de cada rincón de España, y asegurar que cada uno pueda desarrollar sus proyectos personales, familiares y profesionales en el lugar del territorio que quiera.

-Zamora cuenta con 28 pueblos con diez habitantes o menos. Si no se actúa ya, su desaparición resulta inevitable. ¿Tiene un plan el Gobierno para este tipo de situaciones?

-Trabajamos con las comunidades autónomas y entidades locales, que son esenciales en la prestación de los servicios básicos, y también a través de la acción público-privada, para garantizar la calidad de vida de las personas y la generación de oportunidades, aprovechando los recursos endógenos, y siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de las sociedades y los territorios. Ni el tamaño de los núcleos, ni la pérdida demográfica, ni la baja densidad de población en esos pueblos pueden limitar los derechos.

-Yendo a su labor como responsable de Transición Ecológica, ¿qué proyectos va a impulsar el Gobierno para compensar el cierre de las térmicas?

-En el centro de nuestra concepción de la transición ecológica están las personas, y el no dejar a nadie atrás en este proceso. En el tiempo por venir se abren muchas oportunidades y es importante orientarlas hacia los territorios que, hasta ahora y con muchos esfuerzos, tanto han aportado al crecimiento del país. Hemos trabajado desde el primer momento bajo esta premisa y ya contamos con algunos instrumentos. Entre ellos, los convenios de transición justa, que estamos trabajando zona por zona para generar proyectos que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo. Proyectos vinculados con la transición ecológica, como desarrollos de energía renovable, el autoconsumo, la digitalización o las nuevas formas de movilidad; proyectos vinculados a la gestión del territorio como pueden los aprovechamientos forestales o turísticos; o proyectos que favorezcan el emprendimiento local aprovechando el potencial de la conectividad y explorando hubs.

También es importante centrar la acción en la formación de capacidades o en facilitar experiencias formativas y profesionales para jóvenes en el ámbito rural. Conocer la realidad de las zonas y crear vínculos con ella ayuda a impulsar creatividad, ideas y nuevas visiones. Habrá quien decida quedarse y habrá quien decida seguir su camino profesional en otro lugar, pero probablemente manteniendo conexión con el territorio. No se trata de que el Gobierno plantee y ejecute estas iniciativas. Al contrario, en el marco de los convenios, ya estamos abriendo procesos de participación con los agentes presentes en el territorio para que, entre todos, identifiquemos las mejores alternativas para cada comarca. En este proceso, estamos colaborando con las entidades locales y, de hecho, estamos a punto de lanzar una convocatoria para que los ayuntamientos donde se han producido cierres puedan también impulsar sus propios proyectos. Y estamos hablando con las empresas para conocer qué planes de reactivación proponen las zonas.

-¿Teme que aplicación de una tasa aérea vinculada al impacto en el cambio climático suponga una caída de la actividad turística en España?

-Estamos en un momento en el que hay un debate abierto sobre la necesaria revisión de la fiscalidad. Distintas instituciones, desde la OCDE a la UE, nos reclaman que abordemos la cuestión de la fiscalidad ambiental, gravando las externalidades negativas de ciertas conductas y permitiendo, en paralelo, aliviar las cargas que pesan sobre las rentas del trabajo. Es importante actualizar nuestro sistema fiscal y modernizarlo de acuerdo con las tendencias y recomendaciones que se plantean nivel internacional. No parece que un eventual impuesto que afecte a la aviación, si se diseña adecuadamente, vaya a tener una incidencia apreciable en los flujos turísticos que recibimos. De hecho, muchos países europeos, entre ellos nuestros principales clientes, han establecido ya tributos a sus vuelos de salida y no se ha resentido el turismo a España. Paradójicamente, esos turistas tributan a la ida en sus países de origen y luego regresan sin tributar en España, privando de un valioso recurso a la Hacienda española. No olvidemos que la aviación, que presenta un notable incremento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, se beneficia hoy de una fiscalidad favorable, con el queroseno libre de impuestos. Esto contrasta con el esfuerzo que se hace para abordar las externalidades que se dan en otros sectores y el tratamiento que tienen otros medios de transporte.

-¿Qué medidas urgentes contempla el Gobierno para evitar el deterioro de ecosistemas afectados por los cada vez más extremos fenómenos meteorológicos, como el Mar Menor tras la borrasca Gloria?

-Voy a ser muy clara porque no vale llevarnos a engaño con este tema. La situación del Mar Menor tiene muy poco que ver con los fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo y sí con la saturación de un modelo de desarrollo que ha colapsado. No se puede abusar de los acuíferos, no puede abusarse de un modelo agrícola que utiliza excesivos fertilizantes, excesivos fitosanitarios, sin tomar en consideración el frágil equilibrio del suelo y del agua; no puede abusarse de una urbanización que deja poco margen para que el agua recupere su cauce; y no puede abusarse de una gestión de las aguas residuales que se olvide de lo importante que es la depuración. Al mismo tiempo esa zona tiene una afección inusual, que son los filtrados de los residuos mineros de la sierra con la que limita al sur. Todo esto puede ser el caldo de cultivo para el peor de los escenarios. Pero todo esto es también un recordatorio de lo que le puede ocurrir, a una escala diferente, a un Mediterráneo que, como el Mar Menor, tiene presiones desde el litoral y desde el interior muy fuertes que si no son tratadas a tiempo nos lleva a una situación muy complicada. El compromiso del Gobierno es resolver en la mejor medida posible las cuestiones que generan este problema, pero para eso necesitamos la mayor complicidad, el mayor compromiso y la mayor seriedad no solamente de la Administración autonómica y local, también una voluntad firme de las personas que viven allí de impulsar, integrar e incorporar un modelo de desarrollo diferente. Estamos a tiempo pero es complicado, estamos haciendo lo máximo posible en un tiempo récord para intentar abordar esta cuestión que es sumamente importante y que genera una tristeza inmensa.

-¿No le parece escaso que España solo se lleve 307 millones de euros de los 7.500 disponibles de la UE para el fondo de transición en el periodo 2021-2027?

-Que exista un fondo europeo es una buena noticia pero los criterios de reparto son criticables. Entre otras cuestiones, la propuesta no condiciona que el acceso a los fondos esté vinculado a un compromiso con la neutralidad climática y tampoco toma en consideración los esfuerzos que está realizando cada país. No es una propuesta cerrada y trabajaremos con la Unión Europea para lograr un reparto más equitativo, incorporando nuevos criterios y reforzando otros. Factores como el PIB, el nivel de desempleo o el esfuerzo en descarbonización tienen que estar presentes en la decisión.