La Junta de Castilla y León ha decidido archivar el expediente disciplinario abierto contra el interventor del Ayuntamiento de Zamora para esclarecer si había incurrido en faltas graves contra Francisco Guarido. El documento firmado por el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, ha concluido que no existen pruebas sobre los hechos, pese a que el instructor de la causa sí que había acreditado tales hechos y recomendado, en un inicio, sancionar al alto funcionario.
El objeto de debate era dilucidar si se podrían considerar faltas disciplinarias graves por desconsideración a compañeros y superiores -en la práctica, contra Guarido y parte de su equipo, además del secretario- los hechos que aludían a unas expresiones vertidas por el interventor en una conferencia pronunciada en noviembre de 2017 en Cartagena y posteriormente en una carta enviada a los medios de comunicación en diciembre de ese mismo año.
El instructor del expediente, después de estudiar el caso, propuso a la Junta sancionar al interventor con una suspensión de sus funciones de dos meses por considerar como hecho probado que el funcionario incurrió en "falta grave de desconsideración con superiores y tipificadas" en la citada conferencia y otros tres meses más por la misma falta cometida en la carta enviada a la prensa local. En total, se recomendaba imponer cinco meses de suspensión al interventor por las faltas cometidas.
Sin embargo, las tornas cambiaron tras "un análisis detenido" del contenido de la propuesta, según se desprende de la resolución a la que ha tenido acceso este diario. Tras las conclusiones del instructor, se revisó el procedimiento y se concluyó que lo dicho por el interventor en la conferencia ocurrió "en un foro particular, [...] en el contexto de un lugar privado", por lo que sus manifestaciones "no iban dirigidas expresamente al conocimiento directo del alcalde y compañeros o a lesionar a estos".
En lo referente a la carta, la revisión del caso concluyó que su autoría y remisión a medios "no queda acreditada fehacientemente" al ser ambas negadas por el propio interventor. De esta manera, la propuesta de sanción de cinco meses se ha transformado en archivo.
