La agresión sufrida por una paciente de Psiquiatría a manos de otro, un golpe en el único ojo que tenía sano, la mujer falsamente diagnosticada de una infección por VIH porque se habían traspapelado unos análisis, la paciente que cuando despertó de la anestesia se dio cuenta de se había caído de la camilla o los afectados por un lote de perfluorocarbono defectuoso (actualmente ya retirado) utilizado en operaciones de Oftalmología que dejó incluso sin visión a algunos pacientes. Son solo algunos de los casos más llamativos de los que tuvo que ventilar el Consejo Consultivo el año pasado, dentro del capítulo de reclamaciones patrimoniales del ámbito sanitario y que llevaron aparejada una indemnización para quienes sufrieron un mal funcionamiento de los servicios públicos o la mala praxis profesional. Solo si se dan estas circunstancias el ciudadano tiene derecho a recibir una indemnización de la administración. Es decir lo que se tiene en cuenta no es tanto el resultado de un tratamiento médico, sino si se ha seguido o no la buena praxis. La gran mayoría de los casos que llegan al Consultivo no tienen derecho alguno a indemnización y de los que sí la tienen, la resolución del órgano presidido por Agustín Sánchez de Vega suele coincidir con lo que ya había reconocido Sacyl.

Por cierto, son hechos sucedidos varios años antes lo que habla de lo lenta que es a veces la burocracia, y no precisamente por el Consultivo, que suele resolver los casos con relativa celeridad.

E El ojo bueno. Una paciente reclamó cien mil euros por una agresión de otro enfermo en una Unidad de Agudos del Servicio de Psiquiatría de un hospital de la comunidad. Mientras esperaba recibir terapia "otro de los pacientes ingresados le propinó un puñetazo en su ojo izquierdo que la causó la pérdida de visión", pero resulta que por el derecho ya no veía, "por lo que se encuentra en una situación de dependencia total a consecuencia de la ceguera sobrevenida". El Consultivo estima que la Administración debe resarcirle por no vigilar adecuadamente, aunque no que sea necesariamente con cien mil euros.

E VIH de otro. El Consultivo apreció que una paciente tenía derecho a una indemnización de 20.000 euros porque el 2015 fue diagnosticada de VIH y VHC (los virus del Sida y la hepatitis C) y empezó el tratamiento hasta que el 2017 nuevos análisis le dan negativo y es cuando se descubre que la prueba inicial era de otro paciente.

E Perfluorocarbono. Hasta el año 2016 se utilizó en Oftalmología el perfluorocarbono de una marca concreta que resultó ser un producto peligroso y que ha generado hasta tres reclamaciones estimadas en el Consultivo. Una de ellas la presentó un jefe de servicio de Oftalmología por la pérdida de agudeza visual de un paciente, al que se resarció con tres mil euros. Otros dos pacientes perdieron la visión de un ojo por el uso de este producto en una operación de cataratas y han sido indemnizados con 37.644 euros y 24.349 respectivamente.

E Olvidado dentro. Otra serie de reclamaciones tienen que ver con el "olvido" de los cirujanos de objetos dentro del paciente. Una madre pidió 150.000 euros por mala asistencia en el parto, porque se quedó la placenta dentro y la hija tuvo sufrimiento fetal. Se le resarce con 800 euros por daños morales. Otro paciente fue indemnizado con mil euros porque tras una operación un cáncer de próstata con laparoscopia, se le quedó dentro y trozo de catéter, lo que le produjo complicaciones hasta su extracción.

E Caidas. Una mujer sedada para practicarle una colonoscopia se despierta y no sólo no le han hecho la prueba, sino que se entera de que se ha caído de la camilla que acaba con 148 días de baja y cefalea tensional de secuela. Le dan 7.963 euros. Otra paciente reclamó por la herida en la pierna que se causó al romperse la grúa con la que estaba siendo movilizada en el hospital. Y otro por fractura de fémur y contusión en la rodilla cuando el técnico de la ambulancia le llevaba en silla de ruedas y se le quedó el pie enganchado en un adoquín del suelo.

E Próstata. Una de las indemnizaciones más altas, de 150.555 euros concedidas por el Consultivo es la de un paciente al que su médico manda al urólogo por un PSA elevado y no es hasta cuatro años después cuando se le detecta el cáncer de próstata después de sucesivos retrasos de las pruebas diagnósticas y entre los resultados de éstas y las consultas respectivas. Los casos de retrasos diagnósticos y pérdida de oportunidad para intervenir más rápidamente al paciente, lo que podría haber mejorado su pronóstico son relativamente habituales en los dictámenes del Consultivo.

E Siguió trabajando. Otro caso denunció error en el diagnóstico y demora en el tratamiento de una fractura de muñeca, causada en accidente de motocicleta. El paciente dijo que la muñeca no le fue inmovilizada tempranamente, lo que provocó su desplazamiento y artrosis. Y se le admite una indemnización a pesar de reconocer que siguió trabajando como carnicero pese a que le habían prescrito reposo.

E Fecundación. Y a una pareja se le reconoce una indemnización de 10.465 euros porque a pesar de que cumplía todos los requisitos no logró un tratamiento de fecundación in vitro de gametos donados por parte del servicio sanitario público. Al final lograron el tratamiento, pero pagándolo se su bolsillo en una clínica privada.