15 de enero de 2020
15.01.2020

El juzgado paraliza un mes el desahucio de una madre y sus dos hijos, previsto para hoy

La familia logra un nuevo plazo y pide una solución por parte de las instituciones

14.01.2020 | 21:29
Nueva concentración de la PAH, anoche en la Plaza Mayor.

La madre víctima de violencia de género y sus dos hijos amenazados de desahucio, menores de edad (de once y dos años respectivamente), podrán mantenerse en sus casa, al menos, durante un mes. La medida, tomada ayer contrarreloj, a última hora de la mañana, por parte del juzgado, da un nuevo plazo a la familia, que seguirá esperando la posibilidad de acceder a un alquiler social. El desalojo estaba previsto para las 9.45 de hoy. Las tres personas afectadas iban a quedarse, así las cosas, sin una alternativa habitacional, algo que ahora se ha corregido.

Con todo, los plazos corren y la situación no está solucionada. La familia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha servido de apoyo en este caso, apremian a la Junta y al Ayuntamiento para que adjudiquen una vivienda de alquiler social a los afectados, que viven con unos ingresos de 430 euros mensuales y sin trabajo. La Junta, por boca de la delegada Clara San Damián, se mostró el lunes dispuesta a conceder una vivienda social "siempre que el Ayuntamiento emita el informe de los Servicios Sociales", necesario para la tramitación. Si todo va bien, el nuevo plazo dado debería ser suficiente para canalizar la situación.

La familia tiene una amenaza de desahucio sobre sus cabezas desde el pasado mes de octubre, y desde entonces, junto con la PAH, apela a la Junta y al Ayuntamiento para encontrar una solución que no acaba de llegar. El Consistorio asegura que no tiene pisos de alquiler social disponibles para la mujer y sus hijos mientras que la Junta, que sí los tiene, dice que no los puede adjudicar si antes no llega un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, informe que (dice la Junta) se espera desde el pasado mes de noviembre. La familia, con todo, ha rechazado diversas opciones. La Junta ofreció una casa de acogida en Ponferrada, a la que se dijo que no, y una vivienda de alquiler social en Santibáñez de Vidriales, que también se rechazó y que ya ha sido ocupada por otra familia. En última instancia, los CEAS ofrecieron una pensión a la familia afectada, una solución "que no es aceptable", dicen en la PAH.

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