El sindicato médico CESM ha presentado una demanda en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo contra la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que publique la convocatoria de la carrera profesional para los profesionales sanitarios. El colectivo recuerda que "gracias a la presión ejercida en la pasada legislatura para recuperar los derechos perdidos" se consiguió "que en las últimas sesiones de las Cortes de Castilla y León se aprobara la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos, proposición aprobada por los votos de PP y Ciudadanos", los dos partidos que hoy están en el Gobierno.

Esto suponía, dice el sindicato, la puesta en suspenso de la anulación de la carrera profesional, decretada en 2012 por los recortes derivados de la crisis. "Por ello, durante 2019 se tendría que haber realizado la convocatoria anual de carrera profesional para los trabajadores de Sacyl", algo contemplado en el decreto aprobado en una de las últimas sesiones de las Cortes de la pasada legislatura.

Con todo, la convocatoria no ha llegado. "A pesar de las múltiples reuniones en las que hemos exigido esta convocatoria y después de escuchar las múltiples promesas, CESM se hartó en octubre y presentamos un requerimiento por inactividad como paso previo a la demanda en lo Contencioso-Administrativo". En este requerimiento se exige la convocatoria anual y se da el plazo para que se haga, plazo que ha expirado sin que haya novedades al respecto.

"Una vez pasado el plazo y confirmada la inactividad de Sacyl, CESM ha presentado dicho recurso contra la inactividad de la Gerencia Regional de Salud-Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ante requerimiento efectuado para la convocatoria en el año 2019 de los respectivos grados de carrera profesional para el personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León", aseguran desde el sindicato. El sindicato "lamenta que haya que judicializar todos los temas porque Sacyl es incapaz de cumplir su propia legislación y sus compromisos, perjudicando los derechos de los profesionales" y zanja que "esta nueva administración, que ha presumido de transparencia y cumplimiento de las normas legales, nos está demostrando de forma permanente que sus actos son totalmente contrarios a sus promesas".