Los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT han programado una serie de movilizaciones para exigir a la Junta que cumpla con los compromisos adquiridos en la anterior legislatura sobre la mejora de las condiciones de los empleados públicos, unas mejoras que en Zamora afectarían a más de 6.400 trabajadores según los datos que maneja el Ministerio de Administraciones Públicas.

Los tres sindicatos, de forma unánime, han pedido a la Junta que tenga en cuenta esos compromisos cuando apruebe los presupuestos para este año en la comunidad, presupuestos que se tendrán que aprobar en los próximos meses una vez el Estado haga lo propio. "La Junta debe aportar financiación real y suficiente para llevar a cabo estas medidas, y no poner la excusa de que no hay dinero. Tienen tiempo para prever y dotar las cantidades económicas necesarias", dicen los colectivos sociales.

En cuanto a la recuperación de las 35 horas, los sindicatos piden recuperar la negociación, en base al acuerdo que ya se alcanzó con el Gobierno regional anterior, y del que el actual Ejecutivo no "puede desentenderse".

Respecto al pago de los fondos adicionales, los sindicatos insisten en recordar que se han cumplido las condiciones establecidas en el acuerdo con el Gobierno central, en los ejercicios 2018 y 2019, y que, por lo tanto, el Gobierno autonómico debe pagar esas cantidades a los trabajadores. Los tres sindicatos ya trasladaron a la Junta de Castilla y León una propuesta de reparto lineal y consolidable de dichos fondos.

Por el momento, no se ha recibido respuesta alguna, ni se ha convocado reunión para negociarlo, a pesar de los constantes requerimientos de los agentes sociales.

Los sindicatos han dado a conocer las movilizaciones previstas para las próximas semanas. Por lo que respecta a Zamora, según las primeras informaciones, se llevará a cabo un acto de protesta el próximo 23 de enero. El calendario de movilizaciones concluirá con una marcha conjunta de los trabajadores públicos de las nueve provincias de Castilla y León, marcha que se llevará a cabo en la capital vallisoletana el próximo 27 de febrero, concluyendo, es de esperar, ante la Junta de Castilla y León.