No era el Pleno de presupuestos, pero el anuncio de las intenciones del equipo de Gobierno para el borrador de 2020 llevaron a la oposición a plantear alguna que otra cuestión al respecto. Esta circunstancia situó al presidente, Francisco José Requejo, ante la tesitura de empezar a defender el proyecto que prevé aprobar ya en el mes de enero. El responsable de Ciudadanos respondió a las preguntas de Laura Rivera con una enumeración de las inversiones que quiere llevar a cabo la Diputación en el ejercicio que se avecina.

Durante su exposición, Requejo se afanó en destacar la idea de sacar del presupuesto los planes provinciales, y se jactó de haber incluido a Benavente, Toro y Morales del Vino en el procedimiento: "Aquí no se va a conceder nada a dedo, y estamos abiertos a escuchar propuestas para mejorar", apuntó el presidente provincial, que acusó a Izquierda Unida de embarrar el debate y lamentó que el grupo encabezado por Laura Rivera no haya aportado sus ideas hasta la fecha.

"Lo haremos", confirmó la portavoz de Izquierda Unida, que nuevamente fue la diputada más activa de una sesión larga, pero sin demasiado contenido. Los puntos más importantes que aprobó el Pleno tuvieron que ver con la prórroga del contrato de la ayuda a domicilio y con los convenios para ejecutar obras de abastecimiento en Arcenillas y en Micereces de Tera.

Más allá del fondo de la cuestión, ambos asuntos suscitaron un debate centrado, sobre todo, en el procedimiento. Rivera criticó la actuación del equipo de Gobierno y mantuvo sendos debates con Juan Dúo y con Javier Faúndez. Izquierda Unida se abstuvo en los dos puntos, que se aprobaron con el voto favorable del resto de los diputados del Pleno.

También salieron adelante, dentro del orden del día, la modificación de la relación de los puestos de trabajo de la Encarnación, y la aprobación de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en los centros dependientes de la Diputación Provincial. En este último caso, la resolución del Tribunal de Recursos contra la cláusula que otorgaba beneficios a las empresas zamoranas había obligado al equipo de Gobierno a reiniciar el proceso.