La empresa Martín Fernández Manuel, promotora de la unidad de actuación 01 Espíritu Santo, compuesta por varias parcelas que suman 4.799 metros cuadrados donde se iban a levantar veinte viviendas unifamiliares, reclama al Ayuntamiento casi un millón de euros, concretamente la cantidad de 928.531 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial al considerar a la administración municipal responsable del fracaso de la promoción, al no haber "movido un solo papel" desde que se iniciaran los trámites de la licencia, en 2006, hasta la actualidad.
Trece años de parálisis que llevaron a reclamar la cantidad al Ayuntamiento y al negarse, han acabado en una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo, que llevó al juicio celebrado ayer en el que comparecieron varios testigos peritos, la más destacada, la jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, Elena Domingo.
Los promotores de la demanda entienden que ha habido una inacción absoluta por parte del Ayuntamiento. Se inician los trámites urbanísticos para desarrolla la zona y construir las viviendas a partir del año 2006. Viendo que la cosa no avanzaba fueron los propios promotores los que encargaron de impulsar el expediente, como permite la ley para tramitar el estudio de detalle, que se salda sin alegaciones en 2007. La promoción supera el trámite de información pública y llega a la aprobación provisional.
Sin embargo en 2011 un decreto de la Alcaldía suspende la tramitación porque un informe del servicio territorial de Medio Ambiente detecta que por esa zona pasa una vía pecuaria, el Cordel Sanabrés, con una anchura de 18 metros.
A partir de ese momento la empresa no puede seguir con su objetivo de construir y vender las viviendas, debe devolver el crédito de 568.000 euros que había pedido para comprar el suelo y sigue acumulando gastos de tal forma que a día de hoy, a pesar de una ampliación de capital y de las aportaciones de los socios se encuentra en una situación de "quiebra técnica", según un perito.
Los demandantes se preguntan por qué el en su día jefe de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, también concejal de Urbanismo emitió un informe sobre la vía pecuaria que no era preceptivo, por qué este Cordel Sanabres no se incluyó en el Plan de Urbanismo de 2011 si se conocía su existencia desde 2007 y la razón de que en el bloque anterior y tres chales de reciente construcción situados a continuación no se haya dicho nada de la existencia de una vía pecuaria y sí en la finca que queda en medio.
Falta el deslinde
La versión del abogado del Ayuntamiento es bien diferente y estima que la promotora no tiene derecho a indemnización alguna, caso de que el asunto no haya prescrito, como entiende el letrado.
Según expuso durante el juicio la promoción se paró al detectarse que la vía pecuaria, el Cordel Sanabrés, pasa por las parcelas, con lo cual es necesario otro proceso judicial para resolver el deslinde de las propiedades para permitir que continúe la promoción. Un asunto que está en manos de los promotores, que son los que tienen que resolverlo, y no el Ayuntamiento.
Refutó además el informe pericial de los demandantes con otro propio para rebajar considerablemente la cantidad reclamada, ya que las pérdidas oficiales aprobadas por la empresa fueron de 236.000 euros, no 928.000. Criticó especialmente los gastos incluidos como minutas de la representante legal y el arquitecto (un matrimonio que realiza servicios para la empresa y a su vez son, asimismo, representante y socio) y las asesorías también pertenecientes a socios. Señaló que no figura por ningún lado que los socios haya tenido que aportar dinero y que los gastos que se reclaman correspondan exclusivamente a esta promoción.
