El control de la actividad ilegal en lo referente a los pisos turísticos, en Zamora y en Castilla y León, es "objetivo prioritario" para la Junta de Castilla y León. Son las declaraciones que hacen desde la Consejería de Cultura y Turismo tras conocer los datos referentes al exponencial crecimiento de este tipo de alojamientos en toda la comunidad autónoma y al constatar que muchos de ellos son ilegales, pues no están inscritos en los registros oficiales. Solo en Zamora, donde hay más de 300 viviendas en el buscador Airbnb, el más popular del sector, hay un mínimo de un diez por ciento de los pisos ocultos al control de la Administración regional.

El control del intrusismo y la actividad clandestina en el sector han obligado a intensificar las inspecciones. El personal de la Junta realizó el año pasado 790 inspecciones a las viviendas de uso turístico (los datos son regionales), que originaron 28 expedientes sancionadores, además de las 77 realizadas a los apartamentos, con la incoación de nueve denuncias. Por otro lado, añadieron que se colabora con la plataforma de Booking para el control de la legalidad, con el compromiso de no anunciar ningún alojamiento sin número de Registro de Turismo de Castilla y León.

Con todo, la situación en Zamora ha mejorado considerablemente. En el mes de mayo eran solo 18 los pisos turísticos inscritos en los registros oficiales de la Junta. Entonces solo dos apartamentos en Zamora capital cumplían con todos los requisitos. La Junta impone una serie de criterios de espacio, seguridad, instalaciones y servicios que deben cumplir todos los establecimientos que se den de alta en el sistema oficial. La normativa se puso en marcha en febrero del año 2015. Los datos ponen de manifiesto que el hecho de habilitar un piso para el alquiler a turistas -algo ahora habitual gracias a las nuevas demandas de los viajeros y a la proliferación de portales web que ponen en contacto a los dueños y a los posibles inquilinos- es, aún, una práctica con grandes vacíos legales.

La inspección de turismo, entre otras funciones, tiene encomendadas la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa turística, así como la gestión, en su caso, de denuncias y la persecución de actividades clandestinas en el ámbito del turismo. La Junta se refiere al marco del Plan de Inspección Turística 2019-2022, que propone una serie de actuaciones tales como las visitas de los inspectores a los establecimientos o la revisión documental de los permisos expedidos.