Reapertura de la vía férrea Ruta de la Plata como forma de apoyo al desarrollo industrial de Benavente, más financiación para empezar la obra de la autovía A-11, mejora del Internet Rural, inversiones para captaciones de agua sin contaminantes o una ley de igualdad de servicios básicos en todos los territorios, son algunos de los puntos del decálogo aprobado por unanimidad por el Pleno de la Diputación, a propuesta de Izquierda Unida, que se enviará al nuevo Gobierno del país que conformarán Pedro Sanchez y Pablo Iglesias, como "deberes" en la política contra la despoblación.
La moción de IU, respaldada por el resto de grupos acaba de ser aprobada por un Pleno que apenas llevaba contenido en el orden del día. Solamente el plan de contratación de la Diputación de Zamora, aprobado por unanimidad y sin debate que afecta al del servicio de expropiaciones para obras de carreteras, valorado en 301.652 euros para dos años; el de actualización de encuestas de infraestructuras y equipamientos, por 460.000 euros para dos años; el de asistencia técnica y control de calidad de las obras, de 3,8 millones para cuatro años; el de servicio de telecomunicaciones de datos, de 234.000 euros para tres años; suministro de escritorio visualizado, de 360.000 euros y dos años y el de ayuda a domicilio, el más importante, valorado en 28 millones de euros para cuatro años.
Solventado el trámite del orden del día fueron las mociones las que protagonizaron el Pleno. Izquierda Unida no tuvo tanta suerte con su segunda moción, en la que pedía un programa de asistencia presupuestaria y contable que ayude a los ayuntamientos a cumplir con su obligación de presentar sus balances ante el Consejo de Cuentas. El equipo de Gobierno dijo que el servicio de asistencia a municipios ya está cumpliendo esta función.
El mismo camino, rechazo de la urgencia, siguió otra moción de la portavoz del grupo de IU, Laura Rivera, que comprometía el apoyo de la Diputación a ADIF para el mantenimiento del patrimonio ferroviario, en concreto las estaciones que se están literalmente viniendo abajo. El vicepresidente popular, José María Barrios explicó que aún estando de acuerdo con el fondo, es decir, la necesidad de mantener el patrimonio ferroviario para frenar su progresivo deterioro, la Diputación no puede entrar a resolver problemas de bienes que no son de su titularidad, sino de la entidad ferroviaria.
Rivera solicitó asimismo el apoyo de la Diputación, sobre todo de asesoramiento jurídico, a los ayuntamientos que han decidido aprobar ordenanzas o normativas para regular la instalación de macrogranjas, ante el anuncio de la Junta, a petición de las organizaciones agrarias, de revisar todas estas actuaciones, amenaza que puede dejar indefensas a las pequeñas entidades locales. El presidente provincial, Francisco Requejo, indicó que la Diputación ya vela por el cumplimiento de la normativa urbanística y tiene un servicio jurídico a disposición de los ayuntamientos que lo necesiten.
Unanimidad encontró la moción socialista en la reivindicación de la lucha contra la violencia de género, máxime cuando el día 25 se celebra el Día Internacional y el ascenso de formaciones que niegan la existencia del fenómeno, en referencia a Vox. Requejo anunció que está en conversaciones con la asociación Azavi (Asociación Zamorana contra la Violencia) para crear un servicio terapeútico y de acompañamiento con perros destinado a víctimas de violencia de género de la capital y provincia.
Los socialistas no tuvieron tanta suerte con la moción que pedía la consolidación y restauración de las ruinas de Castrotorafe, en consonancia con la propuesta aprobada por la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León. No obstante, el vicepresidente Jesús María Prada indicó que en el presupuesto de 2020 habrá partida para Castrotorafe y anunció la próxima convocatoria de una comisión para estudiar el plan director que en su día se realizó para actuar en las ruinas y las prioridades para su ejecución, consciente de que se trata de una obra de envergadura. "Me entiendo mandatado para iniciar conversaciones con la Junta de Castilla y León" de cara a buscar la implicación de la institución provincial en este ambicioso proyecto.
Una última moción socialista que pedía el apoyo de la Diputación para la reivindicación sindical del cumplimiento del acuerdo de la jornada de 35 horas firmado por la Junta de Castilla y León no sólo encontró el rechazo de la mayoría, sino también el agrio reproche de Requejo, muy molesto por el boicot sindical que su líder regional, Francisco Igea, sufrió durante la campaña electoral en su visita a Zamora.
En el capítulo de ruegos, Laura Rivera se interesó por el acuerdo tomado hace 20 meses para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de cara a reconocer a los 48 funcionarios y diez diputados depurados tras el alzamiento franquista, algunos de ellos fusilados, así como retirar los reconocimientos a los próceres del régimen, entre ellos la medalla de oro de la provincia concedida a Carlos Pinilla.
Requejo reconoció que no se ha hecho nada, entre otras cosas por la baja de larga duración del responsable del Archivo, pero se comprometió a empezar los trámites e ir dando cuenta de ellos tanto al resto de grupos como a las asociaciones de memoria histórica que lo solicitaron. En cualquier caso hay unanimidad de todos los grupos para llevar el expediente adelante y cumplir con la Ley de Memoria Histórica.
