Al igual que ahora mismo todas las leyes y normas contienen informes para medir su impacto de género y medio ambiental, deberían contar también con un informe que mida su impacto en el medio rural y en la lucha contra la despoblación. Es la propuesta lanzada esta misma semana en las Cortes regionales por el presidente de la institución regional con sede en Zamora, el Consejo Consultivo de Castilla y León. Agustín Sánchez de Vega pidió además más medios para el funcionamiento de una institución con cada vez más carga de trabajo, tanto en su función consultiva como de Tribunal de Recursos Contractuales. Sánchez de Vega (Salamanca 1960) cuenta además en la entrevista su trabajo enfocado a que una institución muy técnica entronque con los ciudadanos y su esperanza en que el proyecto expositivo de los restos arqueológicos hallados en el solar que ocupa el nuevo edificio levantado junto a la Catedral aporten su granito de arena a la consecución de la marca Zamora, Patrimonio de la Humanidad.

De momento este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca con experiencia política al frente de la Delegación de la Junta y el Ayuntamiento de la capital charra (fue teniente de alcalde hasta 2015), está encantado de su trabajo como presidente del Consultivo y de su estancia en una ciudad que supura "románico de verdad" por sus calles.

-Acaba de presentar la memoria del pasado año en las Cortes de Castilla y León, pero además de las cifras dejó algunas ideas a los portavoces de los grupos políticos. Por ejemplo, sobre la despoblación.

-Antes de ser aprobadas las normas deben llevar unos informes sobre el impacto que tienen en el mundo de la mujer, de la familia y los aspectos medioambientales. Son muchos los informes que hay que recabar antes de redactar un decreto o redactar una ley. Y lo que propuse es que hubiese un informe clave que indicara cómo esa norma nueva va a impactar en el mundo rural, en el problema de la despoblación de Castilla y León. Es un mensaje que la verdad es que acogieron muy bien, todos lo ensalzaron y para nosotros es un orgullo que se nos tome en consideración.

-Aborda usted un problema de calado en el que no sé si las administraciones están haciendo lo suficiente.

- La solución de la despoblación pasa por políticas de todas las instituciones, en todos los niveles. Y de Europa, que a veces nos olvidamos de ella y para esto tiene que estar presente, como la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y también de las diputaciones provinciales, cada uno tiene su parte de responsabilidad. Forma parte de las competencias de las diputaciones provinciales hacer un mayor esfuerzo en la prestación de servicios a los municipios pequeños. El Gobierno regional ha hecho muchos esfuerzos, como mantener colegios públicos con tres alumnos, adaptar los servicios públicos a las realidades rurales, el trabajo de temporada en los pueblos, incentivos a los funcionarios públicos para que fijen su residencia donde trabajan. El esfuerzo ha sido grande, pero hay que seguir el ello.

-Sí, porque el problema es enorme.

-Ayer estuve en una jornada en Salamanca y decía alguien, "yo en Sayago me conecto más al Internet portugués de Miranda Do Douro que al nuestro propio, porque a veces falla". Eso hay que corregirlo inmediatamente. Yo se que hay esfuerzos por parte del Gobierno de España que está dando pasos al frente enormes y de Europa, con el pilar social europeo que habla del derecho de toda persona a los servicios esenciales en todas las partes del territorio. Hay una conciencia por parte de todas las administraciones. Porque la administración local, la más cercana al mundo rural, a la que llegan las quejas y la que conoce realmente los problemas, es precisamente la que menos medios tiene para solucionarlos. Por eso digo que todos los niveles de la administración tienen que estar implicados en esta tarea.

-Pidió también más medios para desarrollar la labor de la institución.

-Desde 2012, cuando se produce la incorporación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al Consejo Consultivo soportamos una carga enorme de trabajo que este año, 2019, se ha incrementado en un 60% más de casos. El año pasado estuvimos en 131 y este año ya estamos en 180, y vamos a llegar a 200 casi con toda seguridad en diciembre. Ese incremento es muy importante en volumen de trabajo. Pero lo que se produce en el año 2013 con la secretaría y la situación de crisis fue una disminución del 30% del presupuesto. Yo creo que es el órgano que más sufre los embates de la crisis, pero claro de una forma ciertamente a lo mejor indiscriminada, porque además de asignarnos un trabajo nuevo se nos redujo el presupuesto. Yo les quería hacer ver que esta situación que nosotros vamos solventando con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación ha de tener una cierta recompensa. En el Consejo trabajamos siempre cumpliendo los plazos, e incluso anticipándonos cuatro o cinco días respecto a la fecha tope. Si la ley marca 20 lo realizamos en 14 o 15. Y en el Tribunal fíjese lo que significa que una empresa recurra contratos de una cuantía enorme, de 20 millones o de cien millones de euros y tenga una solución en 25 días, eso es un trabajo magnífico.

-Pinta usted una situación realmente difícil.

-Es que en estas circunstancias no vamos a poder continuar mucho tiempo si el volumen de casos que nos llegan se multiplica de esta manera que se está haciendo. Es lo que quería hacerles ver a los procuradores de los distintos grupos, que esto no se puede sostener en el tiempo.

-Son sólo tres consejeros. ¿La estructura "política" también necesita aumentar efectivos?

-No, lo que les hice notar a los procuradores es que necesitamos fundamentalmente más especialistas. No se trata de aumentar la estructura de consejeros o de gastos en ese tipo de cuestiones. Porque no me referí a cuestiones políticas, sino técnicas, de funcionamiento interno. ¿Qué necesitamos?. Pues si queremos seguir manteniendo ese ritmo de trabajo en el Consejo necesitamos más especialistas, porque la materia de contratos públicos es muy complicada, que requiere una especialización y con determinado volumen de trabajo ya no se da abasto.

-¿Lo hacen bien. Lo que sale del Tribunal Zamorano es una solución aceptada por las partes o sigue recorrido hacia la justicia ordinaria?

-Ese dato es fundamental para que el ciudadanos tome conciencia de la importancia del Consejo y el Tribunal. En lo que es contratación pública, las decisiones, que son vinculantes, se siguen en un 96-97% de los casos. Hay muy pocos que después lleguen al Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. El año pasado después de 131 casos solo dos llegaron al Contencioso y de ellos uno confirmó nuestras posiciones, con lo cual el éxito es total. En el caso de la función Consultiva estamos en esos porcentajes, ya que en un 93% la Administración sigue nuestro criterio, pese a no ser vinculante, con lo cual hay una cierta normatividad fáctica en nuestras decisiones.

-¿Como contaría a un ciudadano en qué consiste su trabajo?

-Es más un trabajo callado, discreto, muy jurídico y por tanto no se comprende bien, porque nuestro lenguaje jurídico es muy duro, difícil de entender para el ciudadano. El servicio de aguas de un Ayuntamiento, el mantenimiento de los jardines, el servicio de autobuses, cualquier contrato público tiene que publicarse, pueden presentarse las empresas que lo estimen oportuno y cuando una firma que presenta una oferta entiende que se han podido vulnerar la igualdad o se ha producido algún tipo de discriminación desde que se publica hasta que se adjudica, en cualquier parte del proceso, ahí entramos nosotros para garantizar igualdad de trato.

-¿Y en la función Consultiva?

-Llegamos al ciudadano a través de las administraciones. Hay dos materias que ocupan enormemente nuestro trabajo, una es la sanitaria que tan directamente llega a la sensibilidad del ciudadano y la otra son todos los servicios públicos. Se lo explico con ejemplos. Cuando uno va al hospital y el tratamiento no tiene sus frutos conforme a lo que en derecho se llama la lex artis, el intento de curar por parte del médico o el funcionamiento del sistema sanitario es deficiente el ciudadano plantea una queja al propio sistema sanitario: "Mire usted, no me han atenido, se han dejado unas tijeras dentro tras una operación", o "mire usted, ha ocurrido tal percance". Y eso tenemos que dictaminarlo nosotros. Tenemos que decir, aquí ha habido, efectivamente un mal funcionamiento del servicio público sanitario o aquí no lo ha habido. Esta decisión nuestra, que no es vinculante pero se sigue en casi el 95% de los casos lleva al ciudadano a obtener una indemnización. Por ejemplo me han llegado unos análisis que no eran los míos y me ha podido producir un daño moral, vamos a ver si hay responsabilidad o no de la administración.

-Acaban de licitar el proyecto para rematar la exposición de los restos arqueológicos que aparecieron en el Casco Antiguo durante las obras de su edificio. ¿Cómo se encuentra el proceso?

-Se trata de que los restos que están en el Museo Provincial se puedan exponer en nuestro entorno, el magnífico patio. Las dos empresas que han concurrido a la licitación han sido excluidas de la mesa de contratación porque no cumplían alguno de los requisitos, y se abre ahora la posibilidad de hacer un procedimiento negociado de manera que tenemos que llamar a varias empresas y elegir a una. Estamos en ello y esperemos que en unos meses podamos tener la exposición completa porque es nuestra contribución humilde a Zamora Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Queremos que sea la aportación del Consejo a ese rótulo magnífico que daría un paso y un empujón a Zamora en lo que significa no solo la consideración turística, que ya la tiene, sino la consideración histórica dentro del peso y la participación de Zamora en la construcción de España y la historia europea. A ver si conseguimos plasmarla en la exposición efectiva de esas piezas tan magníficas que tenemos en el Museo y que sean de conocimiento primero de los zamoranos y luego de los turistas que vengan.

-¿Qué estrategias sigue para abrir la institución?

-Nuestra página web lleva este año dos millones de visitas, que no son para ver fotos, sino la doctrina, los casos que hemos tenido y cómo los hemos resuelto.

-¿Y otras facetas?

-Me he involucrado mucho en los cursos, jornadas o seminarios, a lo mejor por mi parte de profesor universitario. Hemos firmado un convenio con la universidad de cara a compartir experiencias académicas. Esa implicación nos da un plus de conocimiento en el mundo de los que trabajan en la función consultiva, la del tribunal y una visibilidad a los funcionarios y ciudadanos que quieran acercarse a conocer estas cuestiones.

-¿Se les conoce en otras provincias de la comunidad?

-Seguimos con las visitas a las provincias, con reuniones del Consejo en las diputaciones abiertas a los responsables políticos y administrativos del territorio. En estas tres líneas estamos intentando trabajar sabiendo que los asuntos tienen un calado muy jurídico, lo que impide que seamos tan visibles como otros.