El espíritu de la huelga se convirtió en decepción al comprobar el escaso apoyo de un parón que buscaba presionar a la Junta de Castilla y León para aplicar la jornada de 35 horas semanales a los funcionarios públicos. Los trabajadores de la administración estaban llamados a la protesta en las nueve provincias durante este pasado miércoles, pero el seguimiento no fue, ni de lejos, el esperado.

Así lo reconocían los propios responsables sindicales de la provincia de Zamora que se concentraron ayer frente a la Delegación Territorial. Unos servicios mínimos "abusivos" mermaron la presencia de personal en la concentración. Según datos de la administración, tan solo 97 trabajadores de los 3.800 que conforman la plantilla funcionarial autonómica ejercieron en la provincia de Zamora su derecho a huelga.

La cifra de seguimiento de esta huelga fue su propio talón de Aquiles. No obstante, los sindicatos señalan directamente a los servicios mínimos como la principal razón para que no se pudiera unir más gente al parón organizado a nivel regional. Francisco Estravís, responsable de la Unión General de Trabajadores en Zamora, así lo ha explicado. "Es importante que la gente sepa que los servicios mínimos son abusivos en esta administración", ha indicado. "Es imposible garantizar un seguimiento del cien por cien, ni si quiera del 50%, cuando nos imponen unos servicios mínimos que siempre superan el 60% de la plantilla", ha razonado.

Lo importante para los sindicatos, sin embargo, no era tanto el seguimiento de la huelga sino las razones que han llevado hasta este punto y también el simple hecho de estar en las calles. Rosa Herrero, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), ha mostrado su malestar por la postura de la Junta de Castilla y León. "Nunca han querido negociar y lo único que han hecho ha sido marear la perdiz continuamente en todas las reuniones que hemos mantenido", ha señalado. "Siempre nos han trasladado propuestas con vinculaciones a asuntos presupuestarios que no proceden, por lo que esta huelga de los empleados públicos es nuestra respuesta a su manera de actuar", ha ahondado.

La realidad, para los sindicatos, es que la administración regional se ha "enrocado" en su postura y no ha sido posible llegar a un acuerdo. Eso es lo que explica Ana Rosa Arribas, de Comisiones Obreras, quien ha participado directamente en las negociaciones con la Junta de Castilla y León. "Este proceso ha servido para desenmascarar las intenciones del Gobierno regional, que es la de no devolver las 35 horas", ha comentado. "Además, lo ha hecho con mala fe negocial que se llevará a los tribunales, porque ese es el siguiente paso que vamos a dar", ha manifestado la responsable sindical zamorana.

La reivindicación, por lo tanto, seguirá su curso por otras vías hasta que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León consigan que se cumpla el compromiso adquirido para recuperar la jornada de 35 horas semanales. No obstante, el Gobierno dirigido por Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado ya que, tras la huelga, el escenario negociador cambia por completo. El conflicto tendrá más capítulos y los funcionarios se mantendrán dentro de la lucha.