02 de noviembre de 2019
02.11.2019

El interventor del Ayuntamiento vuelve a recurrir el reparto de sus funciones

El alto funcionario lleva al juzgado el acuerdo sellado con Alcaldía del 5 de junio por el que pasaba a ejecutar el control financiero

01.11.2019 | 19:48
Pleno en el Ayuntamiento de Zamora.

El interventor municipal del Ayuntamiento de Zamora ha recurrido el acuerdo por el cual se efectuaba un reparto de las áreas del servicio, de manera que en su poder obraban estudios, programas y control financiero, mientras que la viceinterventora se encargaría de toda la fiscalización del Consistorio. El alto funcionario ha elevado el asunto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que ha admitido a trámite el recurso y ha fijado para el próximo mes de enero una vista en la que ha citado tanto a Javier López Parada como a la administración local para aclarar las cuestiones planteadas por el habilitado nacional.

La pelea del interventor con el Ayuntamiento de Zamora se remonta más de dos años en el tiempo, cuando el titular de la plaza de este servicio se enfrentó por primera vez y directamente al alcalde, Francisco Guarido, el teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, y el secretario municipal. Por una parte, el funcionario llevó a los tribunales el reparto de funciones derivado de una serie de decretos firmados por el alcalde entre finales de 2017 y principios de 2018. Una cuestión que ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde parcialmente se le ha dado la razón al funcionario.

Cabe recordar que la sentencia dictada por los magistrados de Valladolid anula cuatro decretos sobre el reparto de funciones, pero mantiene la vigencia del decreto primigenio en el que se establece todo el reparto. Concretamente, la sentencia del TSJ de Castilla y León dicta lo siguiente: "El Decreto de 8 de noviembre de 2017 no ha sido objeto de recurso, ya que se trata de una resolución firme, y por ello ningún pronunciamiento judicial se hace en relación a la organización que allí se diseña y sobre la delegación que allí se acuerda".

Tras conocer el resultado de la sentencia, Francisco Guarido afirmó que, en la práctica, lo dispuesto por el TSJ ya está en cumplimiento tras haberse producido un acuerdo entre las partes con fecha 5 de junio de 2019. A través de ese decreto, el titular de la plaza ejercería las funciones de estudios, programas y control financiero –algo que hasta el momento no se estaba llevando a cabo por falta de personal– mientras que la viceinterventora controlaría la fiscalización. Las pretensiones de López Parada, sin embargo, era quedarse exclusivamente con estudios y programas, algo declinado por la Alcaldía al entender que, de ese modo, la viceinterventora cargaría con el 95% del trabajo de este servicio municipal.

Ante esto, el interventor ha vuelto a recurrir ante los tribunales ese decreto del 5 de junio de 2019 y habrá que esperar aún casi tres meses para conocer la resolución del Contencioso-Administrativo y el nuevo episodio del culebrón.

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