27 de octubre de 2019
27.10.2019
La Opinión de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora gana la segunda sentencia contra la UTE que abandonó la obra del Banco de España

Tras el fallo del Contencioso Administrativo, contra el que cabe recurso, la institución municipal incauta la fianza de 56.000 euros, impone 5.000 euros de penalizaciones y abre la vía de daños y perjuicios

27.10.2019 | 17:25
Edificio del Banco de España.

El Ayuntamiento de Zamora gana la segunda sentencia contra la UTE que abandonó la obra del Banco de España. Así, el Juzgado Contencioso Administrativo falla a favor de "imponer penalidades, incautar la fianza y abrir la vía de daños y perjuicios", además de condenar a la Unión Temporal de Empresas al pago de las costas.

Ante esta situación, ante la que cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento impone casi 5.000 euros de penalizaciones, incauta la fianza de 56.000 euros y abrirá la vía de daños y perjuicios. En este último aspecto hay que destacar que la institución municipal paga 90.000 euros de alquiler anual a Segipsa y que el tiempo de retraso ha sido de casi un año y medio. A ello hay que añadir que la UTE justificó la baja que presentó en su día así como que el Ayuntamiento en una nueva licitación se ha visto perjudicado al tener que poner más dinero en licitación. 

La obra del Banco de España se encuentra en el momento actual al 30% y reiniciar unos trabajos con esta circunstancia "es sin duda más oneroso para el Ayuntamiento", exponen desde la administración local. En este sentido, la institución municipal avanza que "irá siempre hasta las últimas consecuencias contra las empresas que abandonen las obras aplicando la Ley y sus servicios jurídicos para que los intereses generales no salgan perjudicados".

La nueva licitación ya se encuentra en la plataforma de contratación del Estado. El plazo de finalización de ofertas concluye el 11 de noviembre. En los próximos días el Ayuntamiento ha organizado una visita con los licitadores interesados.

La nueva sentencia se una a la primera que declaró la legalidad de la imposición de las sanciones de 104 euros por cada uno de los 45 días de un primer retraso de la obra.

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