La reapertura del campamento militar de Monte la Reina es un asunto que "trasciende a los colores políticos" y por eso será una realidad "gobierne quien gobierne" después de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Esa es la conclusión a la que han llegado los agentes políticos y económicos convocados en la jornada de ayer a una reunión que estuvo presidida por el general Francisco Javier Varela, jefe de Estado Mayor del Ejército. El alto mando castrense ha explicado a las autoridades zamoranas cuál es la situación actual de un proyecto cuya fase de redacción ya ha concluido con el resultado de una "favorable viabilidad técnica". Se puede recuperar la actividad a las afueras de Toro, pero todo depende ahora del dinero, que deberá salir de los Presupuestos Generales del Estado. Serían algo menos de cien millones de euros y el plazo de ejecución de las obras alcanzaría los tres años para ver de nuevo militares en Monte la Reina.
Una vez concluido el estudio elaborado por los ingenieros del Ejército, el general Varela ha dado cuenta de la situación a las autoridades zamoranas en una reunión celebrada este pasado lunes en la Subdelegación del Gobierno. Según ha informado Francisco Prieto Toranzo, gerente de Zamora 10, la reapertura de Monte la Reina "se pondrá en marcha tan pronto como se den las condiciones". Por el momento, la iniciativa está paralizada "al no existir unos Presupuestos Generales del Estado que sufraguen los trámites" necesarios para poner el proyecto en marcha. La reapertura de Monte la Reina costaría "algo menos de cien millones de euros" entre obras y traslado. Todo ello se pagaría en anualidades de tres años dependientes de los Presupuestos Generales del Estado. "La primera de ellas se utilizaría para derribar las antiguas instalaciones y preparar el terreno", ha adelantado Prieto Toranzo.
El gerente de Zamora 10 ha asegurado, además, que tanto el general Varela como la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, han defendido en la reunión que el proyecto "excede del color político" y que por eso será acometido "gobierne quien gobierne" a partir del próximo 10 de noviembre por su condición de "útil, beneficioso y técnicamente viable". La única incógnita, por lo tanto, sigue siendo el número de batallones a instalar en el campamento militar, que dependerá de la unidad que el Ejército decida trasladar. En función de la determinación, llegarán a la provincia 700 o 1.400 militares junto a sus respectivas familias.
La reunión celebrada ayer en la Subdelegación del Gobierno de la capital ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez; la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín; y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Asimismo, han participado como invitados el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el alcalde de Toro, Tomás del Bien; y la delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián. Y junto a ellos, han estado presentes representantes de la patronal zamorana como el presidente de CEOE-Cepyme, José María Esbec; el director general de Caja Rural, Cipirano García; o el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Enrique Oliveira. Por parte de Zamora 10, su gerente, Francisco Prieto Toranzo, que ha sido la única persona en informar sobre los asuntos tratados dada la petición de discreción efectuada por los mandos del Ejército participantes en la reunión de trabajo.
