Apelación a la responsabilidad de los sindicatos y petición de "prudencia" ante las dificultades existentes han sido los mensajes transmitidos por el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez respecto a la aplicación de la jornada de 35 horas para los funcionarios autonómicos, un "compromiso inequívoco" pero a expensas de fijar los plazos para poderlo llevar a cabo, dado que en octubre, como estaba previsto es imposible.

Ibáñez ofreció una explicación acerca del motivo por el cual ahora no cuadran los números que sí lo hacían cuando se firmó el acuerdo, hace tan solo unos meses. "Las estimaciones económicas existentes con respecto a lo que podría suponer la jornada se hicieron en el momento de la firma del acuerdo pero hay que recordar que estamos con presupuestos prorrogados, los de 2018 que no contemplaban que dos años después fuera a implantarse una media de esta naturaleza". Además "ya se ha reconocido este año la subida del 2,5% a todos los empleados públicos, los próximos ejercicios tendrán que absorber la implantación de la carrera profesional para todos los empleados públicos y determinadas sentencias pendientes nos obligan a manejar todo esto con un escenario de prudencia para todos y responsabilidad. Estamos juntos Administración y organizaciones sindicales".

Ibáñez presentará una propuesta próximamente, con plazos de aplicación, a las centrales sindicales. Las declaraciones de Ibáñez se producían en el transcurso de la visita realizada al Consejo Consultivo. Junto con su titular, Agustín Sánchez de Vega, han mostrado su disposición a colaborar en asuntos de interés para Zamora y para la comunidad de Castilla y León y han subrayado la importancia de los pequeños municipios a la vez que han recordado la relevante labor que desarrolla la institución como ayuda a las entidades locales en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, se han referido a que la administración local es una de las señas de identidad de Castilla y León, que cuenta con 2.248 municipios y, muchos de ellos, debido a su pequeño tamaño sufren limitaciones para poder desempeñar los cometidos atribuidos, por lo que desde el punto de vista del Consultivo es destacable que sean cada vez más los que solicitan dictamen en aquellos procedimientos en que la consulta resulta preceptiva, conscientes, tal vez, de las consecuencias que se derivan de su omisión en algunos supuestos al considerarse como un trámite esencial que puede viciar de nulidad el procedimiento instruido.

Por último, el presidente del Consejo Consultivo ha resaltado la importancia de la institución como garantía de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las entidades locales.