La Diputación Provincial reclamó este viernes que el Gobierno revise la financiación local para compensar "el esfuerzo titánico" que tienen que realizar los municipios que prestan los servicios básicos en varios anejos. El Pleno, reunido en sesión ordinaria, aprobó una moción presentada por el grupo popular para instar al Ejecutivo a "introducir medidas correctoras en el reparto" y para solicitar "un compromiso firme" que ayude a los ayuntamientos a cumplir con lo que marca la legislación.
El encargado de defender el texto fue uno de los vicepresidentes de la institución, Javier Faúndez, que aludió a la "dispersión de la población en el territorio", y al "efecto multiplicador" que provoca el número de localidades que han de atender los ayuntamientos: "Esto tendría que ser tenido en cuenta"; advirtió el político alistano.
De este modo, Faúndez lanzó una propuesta, con petición de ayuda a la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que también figuraba la reclamación de que el aumento de la financiación local en estos casos ya se vea reflejada en los presupuestos del 2020. La moción salió adelante con los votos de los trece miembros del equipo de gobierno y con la réplica de Izquierda Unida, que criticó el momento escogido, con el Ejecutivo socialista en funciones. De hecho, Laura Rivera calificó el texto de "homenaje al cinismo".
Para entonces, la sesión ya había vivido algunos episodios de tensión política, varios de ellos relacionados con el asunto de la reestructuración sanitaria. Izquierda Unida y el PSOE apretaron al equipo de gobierno, especialmente a Francisco José Requejo, para que la Diputación se posicionara claramente en contra del plan de la consejera Verónica Casado, que sitúa a Aliste como la comarca señalada para unas pruebas piloto que, según sus detractores, ponen en riesgo los derechos elementales de los habitantes de la comarca.
Cabe destacar que la consejera de Sanidad fue nombrada por Ciudadanos, una circunstancia que obligó a Requejo a medir mucho sus palabras en las respuestas a la oposición. El presidente intentó defender a los pueblos sin atacar a la Junta, y acabó perdiéndose en ciertas vaguedades. "Todos somos sensibles a estos problemas y, desde la Diputación, se va a apoyar siempre a los alcaldes", subrayó el dirigente naranja, antes de matizar: "Yo no sé si el plan va a ser bueno o malo, pero no se tiene que utilizar la sanidad como arma arrojadiza".
El presidente provincial buscó un tono conciliador, pero se encontró con varias mociones y preguntas que insistían en el asunto, y se vio empujado a responder casi constantemente sobre lo mismo. En ocasiones, sin necesidad, ya después de que no hubiera prosperado la moción: "Tiene que haber un consenso, pero nadie ha dicho que se vayan a cerrar consultorios", justificó Francisco José Requejo tras una de las intervenciones del PSOE.
El dirigente provincial también tuvo que enfrentarse a las cuestiones relacionadas con las polémicas palabras del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, acerca de si es "razonable" prestar servicios en municipios de menos de 50 habitantes. Otro problema para Requejo, al verse entre la disyuntiva de apoyar a su compañero "y amigo" o respaldar a los pequeños pueblos a los que se debe como presidente: "Yo no soy el juez del señor Igea", advirtió el responsable naranja. Y apostilló: "Ni comparto, ni no comparto sus palabras. Solo diré que vamos a prestar los servicios básicos en todos los pueblos".
Mientras tanto, los responsables del grupo popular pudieron pasar de puntillas sobre el tema, y la izquierda se afanó en criticar la iniciativa: "Hay que instar a que se retire un plan que empeora la atención sanitaria", defendió Laura Rivera. La socialista Leonor González, por su parte, señaló que lo ideal habría sido presentar "una moción única y firmada por todos los partidos" para defender a los municipios de Aliste, pero reconoció que las posturas no estaban lo suficientemente cercanas: "Esto ha creado un tsunami de protestas y de malestar. Parece que ahora quieren dar marcha atrás u ofrecer otra imagen, pero peor no se ha podido hacer", lamentó la alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas. El equipo de gobierno tumbó todas las propuestas de la oposición en este sentido.
Por otro lado, el Pleno aprobó sin discusión todos los puntos previstos. Entre ellos, el incremento retributivo del 0,25% para los diputados provinciales que desempeñan su actividad en régimen de dedicación exclusiva o parcial. De hecho, esta subida salarial ya tiene efecto desde el 1 de julio, y sitúa el sueldo del presidente en 59.400 euros; el de los vicepresidentes, en 45.471 ; el de los portavoces de grupo, en 35.049; y el de los diputados a media jornada, en 17.710.
