La aprobación de la Cuenta General del año 2018 generó un debate que se alejó del documento en sí y derivó hacia discusiones sobre el gasto y la forma de repartir el dinero en la institución. Laura Rivera, de Izquierda Unida, y Eduardo Folgado, del PSOE, reclamaron "criterios objetivos" a la hora de distribuir la financiación, y criticaron la elevada cantidad de millones que la Diputación acumula en concepto de remanentes.
Rivera, incluso, aprovechó para abrir el melón de las competencias impropias que asume la institución provincial para cubrir los huecos que deja la Junta, único punto este en el que el equipo de gobierno estuvo de acuerdo con el planteamiento de la portavoz de Izquierda Unida.
Por lo demás, el representante popular, José María Barrios, defendió la gestión de años anteriores e instó a los representantes socialistas a preguntar a sus alcaldes si no han recibido dinero cuando ha sido necesario.
