Los perros de razas potencialmente peligrosas están de moda y pese a las restricciones que la normativa impone para el manejo de estos animales, lo cierto es que siguen creciendo año tras año. La provincia de Zamora suma 563 perros catalogados como potencialmente peligrosos en 2019, lo que supone un 19,5% más en comparación con el año 2016, es decir, 92 más, según los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que recoge la agencia Ical.

La legislación cataloga como perros potencialmente peligrosos a todos los que pertenecen a las nueve razas y sus cruces considerados como tal o aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría recogidas en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. Entre ellas, destaca una fuerte musculatura, aspecto poderoso, pelo corto, mandíbulas grandes, boca robusta, cuello ancho, musculoso o pecho macizo, entre otras supervisadas por la autoridad veterinaria. Una consideración que se complementa con aquellos ejemplares que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones.

La provincia de León se posiciona a la cabeza con 2.423 licencias, seguida por Valladolid, con 2.129, Salamanca, con 1.523, y Burgos, con 1.344 perros considerados como potencialmente peligrosos. Tras ellas, ya en la mitad de la tabla y con cifras por debajo del millar, se encuentran los abulenses (689), palentinos (668) y segovianos (658). En el furgón de cola se localizan las provincias de Zamora y Soria, con 563 y 323 canes, respectivamente.

Las personas que quieran tener como compañero a un perro de este tipo de razas deberán ser mayores de edad, no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, salud pública, asociación con banda armada, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Tampoco deben de haber sido sancionados por infracciones graves o muy graves. Además, deben de disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia, y la acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros.