Pensionistas de toda clase -incluidos los jubilados-, funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas, perceptores de alguna prestación pública o trabajadores cuyas nóminas están sujetas al Salario Mínimo Interprofesional. Son algunos de los colectivos que están pendientes de la formación de un nuevo Gobierno nacional, formación que depende de unas negociaciones que, hoy por hoy, están totalmente paradas. En total, todos estos colectivos suman a unas 85.000 personas en la provincia de Zamora. No es la mitad de la población, pero casi.

La situación surge de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que son los que rigen los ingresos de todos estos colectivos. España se gestiona a día de hoy con las cuentas prorrogadas del año 2018, las que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que fueron prorrogadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ejercicio 2019, ya muy avanzado -quedan solo dos semanas para el mes de septiembre- no cuenta con presupuestos porque el Congreso de los Diputados dio la espalda a las cuentas presentadas por el Ejecutivo socialista, algo que a la postre desencadenó la convocatoria electoral. Un Gobierno en funciones no puede aprobar presupuestos por lo que de haber elecciones, algo que podría suceder en noviembre si no hay presidente el próximo 23 de septiembre, España entraría en 2020 con los presupuestos de 2018, algo nunca visto. Estas cuentas tendrían que estar ya negociándose para ser presentadas en septiembre. Ni que decir tiene que los plazos no se van a cumplir.

Por partes. Los jubilados están pendientes de los nuevos presupuestos porque, con los actuales en la mano, las pensiones subirían solo un 0,25% el año que viene, el mínimo que marca la ley tras la reforma del sistema elaborada por el PP. De la actualización de las pensiones dependen directamente los ingresos de cerca de 50.000 zamoranos -48.933 según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social-. Más de 30.000 pensionistas son jubilados. La actualización de las pensiones tiene una importancia capital en la provincia de Zamora, donde casi una de cada tres personas recibe alguna prestación del INSS.

Algo similar pasa con los funcionarios, colectivo que pese a todo ha ganado poder adquisitivo este año. El sueldo de los trabajadores públicos subió un 0,25% el mes pasado, elevando el total de la subida de este año al dos y medio por ciento. Con todo, nuevas y futuras actualizaciones dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que no pasará si no hay Gobierno. En Zamora son cerca de 11.000 las personas cuyos salarios dependen de alguna de las administraciones públicas.

Perceptores de prestaciones por desempleo, colectivo que cuenta con más de 5.200 personas, esperan que los nuevos presupuestos aumenten sus ingresos, algo que también sucede con los que ingresan el Salario Mínimo Interprofesional, ingresos que están recogidos en la ley y que a día de hoy ascienden a 900 euros. La intención del Gobierno, dicho por el propio Ejecutivo, es subirlo el año que viene, pero para ello también hacen falta presupuestos. Unos 20.000 trabajadores de la provincia cobran el sueldo base o menos.

Para este año, sin presupuestos, el Gobierno acudió a los decretos para aumentar los ingresos de todos estos colectivos. Sin embargo, esta vía se complica para el año que viene, siempre en el caso de que el Congreso no nombre presidente. Un Gobierno en funciones, según la ley, debe dedicarse "al despacho ordinario de los asuntos públicos sin adoptar otras medidas" salvo en casos de urgencia. Con todo, cabe recordar que el Ejecutivo ya exploró esta vía para algunas medidas antes de las elecciones.