El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Zamora denunció este jueves que la institución ha dejado escapar una subvención por valor de 597.000 euros para poner en marcha el proyecto "Emprende Joven", que debía haber tenido un coste total de 650.000 euros y que, por tanto, contaba con una financiación de más del 90% procedente de fondos comunitarios.

Según la portavoz de IU en la institución, la renuncia definitiva a la subvención tuvo lugar durante la junta de gobierno celebrada el pasado 21 de junio, todavía bajo el mandato de la popular Mayte Martín Pozo, y después de casi un año de inacción por parte de la Diputación Provincial. El 2 de julio del 2018 se puso en marcha proceso de contratación de los servicios formativos, de orientación y de tutorización para la implementación del proyecto; once meses y medio después, no había concluido.

Ante esta situación, el informe elaborado por los técnicos de la casa recomendó renunciar a la cantidad otorgada por los fondos europeos, después de constatar que resultaba "del todo imposible ejecutar la acción subvencionada dentro del plazo previsto en la normativa reguladora", que finalizaba el 30 de junio.

En ese mismo documento redactado por los funcionarios se constata que "la pérdida de la financiación estaría asegurada de continuar con la tramitación del procedimiento de contratación, lo que provocaría un importante menoscabo al erario provincial". Esta realidad provocó la renuncia a adjudicar el contrato y, por ende, a una subvención que se había concedido para "la empleabilidad en la contratación y emprendimiento joven".

De este modo, la iniciativa "Emprende Joven" murió de inanición casi dos años después del decreto que ponía en marcha el proyecto en octubre del 2017. Unos meses más tarde, en enero del 2018, el Fondo Social Europeo concedió la citada subvención a la institución provincial, mientras que, en marzo de ese mismo ejercicio, el Pleno aprobó la aceptación de la cantidad otorgada. Ya en julio de ese 2018 comenzó el proceso de contratación que finalmente no se llegó a culminar.

Además, según apuntó Laura Rivera tras consultar los informes técnicos, la pérdida de los 600.000 euros podría no ser el único perjuicio para la institución: "En el documento se advierte de que hay que compensar a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en el anuncio o en el pliego, y que el desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación", concluyó la portavoz de IU.