Han sido muchas las quejas de ciudadanos que el procurador del común de Castilla y León ha recibido debido a la falta de seguridad en las zonas de baño de la comunidad. Tras varios ahogamientos en las zonas de baño, y para evitar que el número de víctimas siga aumentando, la comunidad ciudadana ha demandado "el establecimiento a nivel autonómico de unas normas de seguridad y protección que supongan una garantía en su uso", como informa el Procurador del Común, y denuncia que el buen estado de las zonas de baño queda muchas veces "a la buena disposición de las autoridades municipales".
La actual norma autonómica no responde a la realidad de los espacios de baño de la comunidad, y en palabras del procurador, esta normativa "se ve superada por la situación real que se produce en las piscinas y espacios naturales", no solo por el gran número de usuarios (que supera el ratio entre bañista y socorrista), sino también por los accesorios de baño que requieren algunas prácticas deportivas y que crean una falsa sensación de seguridad: aletas, trajes de neopreno y cámaras acuáticas para los deportistas; manguitos, flotadores y chalecos para los aficionados o menores.
También se destaca la problemática que surge cuando en algunas instalaciones los propietarios ponen a disposición del público elementos lúdicos, muchas veces como reclamo para aumentar el número de visitantes. Los hinchables, toboganes, trampolines y sistemas de olas o nado a contracorriente, son "potencialmente peligrosos o incrementan notablemente el peligro al realizar la actividad sin que se eleve el número de vigilantes y socorristas", pone de manifiesto el procurador, y demanda la introducción de nuevas normas que regulen el uso atracciones flotantes, poniendo limitaciones de altura y requisitos de anclaje y sujeción.
Otro gran punto de queja por parte de la ciudadanía corresponde a la falta de seguridad en las zonas de baño naturales como ríos, lagos y embalses. Aún y con el riesgo extra de estar en el medio natural, estos espacios naturales no están bajo vigilancia. A ojos del procurador, la desigualdad entre ambas zonas "es una contradicción, pues en un espacio acuático con el agua confinada existe el derecho a exigir seguridad pero no existe el mismo derecho en un espacio acuático natural facilitado por las administraciones públicas".
En lo que va de 2019 han sido 21 las personas fallecidas por ahogamiento en Castilla y León, todas ellas en zonas que carecían de vigilancia. Por ello, el procurador del común pide la elaboración de un catálogo de zonas prohibidas de baño y de zonas permitidas, estas últimas, dotadas de un servicio de socorrismo, primeros auxilios y señalización adecuada. Tras la petición a los organismos públicos, la Consejería de Sanidad indicó que ya se estaba trabajando en las modificaciones exigidas, las cuales figurarán dentro del IV Plan de Salud de Castilla y León.
