Los proyectos de inversión de los FCI se determinan de común acuerdo entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y, en el caso de Castilla y León, no corresponden a programas concretos de gasto, sino a determinados subprogramas que incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.
A nivel estatal, la dotación inicial de estos fondos en 2017, en relación con la correspondiente a 2016, se mantuvo en el mismo importe, es decir, 432 millones de euros. Castilla y León obtuvo 19,3 millones, con una participación sobre el total del 4,47%.
