De nada vale reforzar el control de normas medioambientales y de derechos laborales en Europa si después es la propia Unión Europea la que compra en terceros países productos en cuya producción no se han tenido en cuenta estas consideraciones. Este es el razonamiento que hacen desde el área de Industria de Comisiones Obreras y desde numerosas asociaciones agrarias con respecto al acuerdo que recientemente ha firmado la Unión Europea con Mercosur, un acuerdo que da entrada en el continente a miles de toneladas de remolacha procedente de loa países iberoamericanos.

El secretario autonómico de Industria de CC OO, Gonzalo Díez, advirtió en Zamora que esta remolacha se podrá importar gracias a ese acuerdo aunque no cumpla las normas medioambientales, ni los derechos laborales de los trabajadores del sector, ni las prohibiciones de utilización de productos fitosanitarios existentes en Europa. Por ello, ha augurado que esa importación se realizará en detrimento de los municipios de Castilla y León que cultivan remolacha.

Gonzalo Díez ha pedido a la clase política "quitar la hipocresía" de tratar de desarrollar el mundo rural "en los discursos" y luego adoptar medidas que van claramente contra ese desarrollo como es el caso de la entrada de remolacha de países de Mercosur sin aranceles y sin las exigencias que se imponen al cultivo en España. Los pequeños productores, dicen en Comisiones Obreras, se verán muy perjudicados por este acuerdo. Esto afectaría principalmente a la zona de Toro, con una producción anual de unas 800.000 toneladas.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Gobierno español que reconsidere su postura ante el brutal impacto sobre el 20% de la producción ganadera española, (2.700 millones/año), tal y como recoge el estudio de impacto elaborado por los Servicios Técnicos de COAG. Por sectores; vacuno de carne, porcino, remolacha-azucarera y determinadas frutas (cítricos) y hortalizas, serían los principales afectados por la competencia desleal de estas producciones, en base a la utilización de hormonas de crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos en la UE desde hace varias décadas, según indican desde COAG.

COAG ya ha mostrado de forma reiterada su oposición frontal a este acuerdo por considerar que pone en peligro el sostenible modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria de los consumidores de la UE. "De hecho, en 2017 saltó a la luz pública el escándalo de la carne adulterada en Brasil, protagonizado por varias empresas, entre las que se encuentran las más importantes del sector, que adulteraban la carne que vendían en el mercado interno y externo. Rusia también decidió suspender en su momento las importaciones de carne de vacuno y porcino de origen brasileño al detectar sustancias prohibidas (ractopamina y otras hormonas de crecimiento en ganado)", apuntó Miguel Blanco, Secretario General de COAG. Respecto al impacto en el sector agrario, el máximo responsable de esta organización ha destacado una cifra que ilustra en sí misma el brutal impacto para la ganadería comunitaria: "un contingente arancelario libre de tarifas como el que se baraja para la carne de vacuno, 99.000 toneladas, supondría (en su equivalente de peso en canal) a un total de 2 millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Es inaceptable que se entregue el sector ganadero a cambio de coches y facilidades para grandes constructoras".