14 de julio de 2019
14.07.2019
Entrevista
Alicia Vaquero Borrego | Abogada zamorana, Medalla al Mérito de la Abogacía otorgada por el Consejo de Castilla y León

"La sociedad, en términos generales, no da al abogado de oficio el valor que tiene"

"Cuando se ejerce de letrado particular se piensa con la misma cabeza y se usan los mismos medios personales y técnicos que al defender los intereses de un cliente asignado"

13.07.2019 | 19:37

Los ochos años al frente de la dirección del turno de oficio y justicia gratuita –dentro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca–, sumado a su larga experiencia profesional, le han otorgado a la zamorana Alicia Vaquero Borrego la concesión de la Medalla al Mérito de la Abogacía, concedida por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. La letrada analiza la situación de su profesión y los beneficios de la justicia gratuita para los ciudadanos.

–¿Cómo recibió la noticia de este reconocimiento?

–El actual decano del Colegio de Abogados de Salamanca fue quien me lo transmitió. Para mí, ha supuesto una alegría muy importante, pero, sobre todo, es un motivo de agradecimiento para el personal del Colegio de Abogados, para mis compañeros de despacho, para mis compañeros de profesión y para quienes me han ayudado durante todo este tiempo en la dirección de esta tarea que ha sido la dirección del turno de oficio y la justicia gratuita en Salamanca.

–¿Qué significa esta Medalla al Mérito para su carrera profesional?

–Un reconocimiento muy importante, más aún cuando son tus propios compañeros quienes te lo conceden. He tenido que aprender mucho sobre el ejercicio de mi profesión, tanto en relación con el turno de oficio como en el ejercicio de forma privada. Mi profesión es muy singular, diariamente nos enfrentamos los que a la vez son compañeros y aprendemos del contrario. También somos profesionales muy críticos y eso al principio me resultó más difícil de encajar, aunque, con el paso de los años, he aprendido lo valiosa que puede ser una crítica.

–¿Ha habido momentos complicados?

–He tenido que adoptar decisiones a veces poco agradables o poco populares para un colectivo muy extenso, porque en Salamanca contamos con alrededor de cuatrocientos letrados ejerciendo también como abogados del turno de oficio. Han sido muchas las decisiones adoptadas, y seguro que unas más acertadas que otras. Alguna ha gustado y otras desagradado, pero han hecho un balance tan positivo de mi trabajo durante todos estos años y han valorado mi esfuerzo. Desde que me concedieron el premio han sido muchos los compañeros que me han felicitado personalmente y con los que he tenido ocasión de conversar sobre estos años y el balance ha sido muy gratificante. A todos ellos agradezco el reconocimiento.

–Sus compañeros le reconocen el trabajo, pero ¿la sociedad valora este trabajo del turno de oficio?

–La sociedad, en términos generales, no da al abogado de oficio el valor que tiene. El abogado del turno de oficio asegura el derecho de acceso a la justicia de quien no dispone de medios económicos suficientes para satisfacer los honorarios de un abogado de pago, presta sus servicios en funciones de guardia para que un detenido cuya libertad está restringida pueda recuperarla a la mayor brevedad, asesora a la víctima de violencia de género desde el momento de la interposición de la denuncia, e incluso antes, aconsejándola y apoyándola. Creo que la opinión que se tiene del abogado de oficio es totalmente desacertada.

–¿En qué sentido?

–Hay quien cree, y he tenido ocasión de escucharlo de primera mano, que el abogado de oficio está menos preparado, o quien asegura que atiende peor al interesado que le ha sido designado que si fuese cliente de pago. Nada más lejos de la realidad. El abogado que trabaja en el turno de oficio lo hace también como abogado particular. No conozco el caso de un abogado que exclusivamente trabaje en el turno de oficio. Cuando ejerce como abogado particular y cuando lo hace por designación piensa con la misma cabeza, usa los mismos medios personales y técnicos, es el mismo profesional el que trabaja para su cliente de pago como el que lo hace para defender los intereses de aquél que le ha sido designado. Por otra parte, el servicio se cubre con letrados que lo prestan de forma voluntaria, si bien es cierto que, si no ocurriese, la legislación prevé la obligatoriedad de su prestación para cubrirlo. Salvo error, ningún colegio de España se ha visto en la necesidad de obligar a sus colegiados a darse de alta en el turno de oficio para cubrirlo.

–¿El cliente suele estar conforme con el profesional designado?

–He tenido ocasión de entrevistarme con personas que si bien al principio me mostraban sus reticencias respecto del abogado que les había sido designado –designación que se realiza por turno, de ahí el nombre–, al final se han avenido a reconocer que el profesional les ha defendido correctamente. Lo que ocurría es que tenían sus recelos, aunque infundados. El hecho de no poder elegir al abogado de turno de oficio provoca esta reacción inicial, pero durante todos estos años no he visto el caso de tener que cambiar de letrado por falta de dedicación o profesionalidad del abogado designado. En Salamanca, desde hace años hemos habilitado la posibilidad de realizar libre designación, es decir, designar al letrado de turno de oficio, con el límite actual de dos designaciones anuales para el letrado y solo en el ámbito civil.

–¿Qué tiene que saber un abogado que comienza en el turno de oficio?

–Ser consciente de la importancia del trabajo que está realizando. El abogado que actúa designado por turno asume directamente la responsabilidad profesional por su trabajo. La responsabilidad colegial alcanza el ámbito de la gestión del expediente y la designación y ahí termina. El letrado asume directamente la responsabilidad de todas las decisiones relacionadas con la defensa de los intereses del ciudadano para el que ha sido designado. Es quien decide la línea de defensa, quien asume la dirección del procedimiento y quien debe poner todos los medios a su alcance para hacerlo correctamente. Además, debe conocer el funcionamiento del sistema.

–¿En qué aspectos?

–Desde los requisitos que debe reunir un ciudadano que solicita el reconocimiento de justicia gratuita para que su derecho pueda verse reconocido y la diferencia entre turno de oficio y justicia gratuita hasta conocer el procedimiento administrativo de justicia gratuita, saber cuántas especialidades de turnos existen en la ciudad en la que ejerce como abogado de turno o cómo actuar cuando se encuentra en funciones de guardia.

–¿Cuáles son los asuntos más frecuentes con los que se encuentran?

–Durante la crisis económica creció de forma considerable el número de expedientes de justicia gratuita, fundamentalmente el incremento de los asuntos relacionados con reclamación por la existencia de cláusulas abusivas en préstamos hipotecario y por el incremento del número de divorcios o medidas en relación con menores en el caso de relaciones de hecho. El aumento en este tipo de expedientes se ha mantenido con los años y actualmente los datos son similares. Podría afirmar que, junto con los asuntos labores, son los más frecuentes.

–¿Y el resto de asuntos?

–Los asuntos relacionados con materia penal y penitenciaria o los juicios rápidos continúan en cifras similares a las de años pasados. El incremento al que antes he hecho referencia supuso para el Colegio de Abogados y para la comisión del turno de oficio un incremento considerable de trabajo, pues el aumento de expedientes, lógicamente, hace que se vea incrementado también el trabajo de cuantas comisiones y organismos están relacionados con todo ello. En el expediente de justicia gratuita interviene la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, que es quien dicta la resolución definitiva, así que igualmente acusó el incremento de expedientes. Ello hizo que en Salamanca decidiésemos afrontar el reto de modificar el sistema de gestión del expediente, implantando el SIGA (Sistema de Gestión Integral de la Abogacía), que supuso un importante reto para el personal del colegio, para mí misma y para la comisión provincial, que aceptó el ofrecimiento que le hicimos de incorporarse al sistema.

–¿En qué se ha notado el cambio?

–Se ha reducido considerablemente el papel del expediente administrativo de justicia gratuita y se ha agilizado la tramitación, que actualmente es resuelta en tiempo récord. Todo ello redunda en el beneficio del ciudadano.

¿Qué ha aprendido en este servicio durante los ocho años que ha estado en su tramitación?

–He aprendido la importancia que tiene el sistema de turno de oficio y justicia gratuita en la sociedad y que, sin embargo, es un gran desconocido. Creo que se tiene una idea de su existencia por lo que se escucha en el cine, pero en realidad la institución es absolutamente desconocida. Sin embargo, es fundamental conocer toda su extensión, el trabajo que los abogados realizan para su sostenimiento. Por otra parte, me ha permitido estar en contacto con muchos compañeros con los que, de otro modo, puede que no lo hubiera tenido y aprender mucho de ellos. Me ha permitido afrontar un reto que para mí ha sido muy importante: gestionar el turno de oficio, trabajar codo con codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el Ayuntamiento de Salamanca, con la Subdelegación del Gobierno o con la Junta de Castilla y León, además de organizar las guardias para asegurar la cobertura necesaria en Salamanca y toda su extensa provincia, así como defender a los compañeros, el sistema y la dignificación de nuestro trabajo en el turno de oficio.

–¿Están justificadas las movilizaciones de los abogados por la situación del turno de oficio?

–Absolutamente. Durante todos estos años he tenido que oír de todo en relación con esto. Que si cobramos un salario mensual, que si en una mañana de guardia podemos llegar a cobrar más de 1.500 euros... Nada más lejos de la realidad. Cobramos por actuación y por guardia, pero podríamos decir que el turno de oficio tiene una remuneración formal, porque su cuantía es irrisoria. Tan es así que en muchas ocasiones si calculamos el coste y beneficio de haber llevado un expediente, probablemente deduciríamos que nos ha costado dinero.

–¿Cómo se regulan estos pagos?

–La remuneración que cobramos por un expediente está regulada legalmente conforme a unas tablas, que indican lo que debemos percibir según el tipo de procedimiento. En relación con ello, no cobramos lo mismo los abogados de las comunidades autónomas que pertenecemos al territorio ministerio o común que aquéllos que trabajan en comunidades autónomas con competencia transferida. Además, no todas las actuaciones que realizamos en un procedimiento tienen prevista remuneración. Y si no la tienen prevista, no se cobra nada por lo hecho. En términos generales, si tuviéramos que dar una media, podríamos decir que por un procedimiento, que en la mayoría de los casos dura en torno a un año o año y medio, podemos cobrar unos 150 euros, por el expediente completo, claro. Cada hora de guardia unos tres euros, y ello teniendo en cuenta que para cubrir la guardia debemos utilizar nuestros propios medios, como coche y gasolina, sin percibir cifra alguna por ello. Hace unos meses se desarrollaron negociaciones con el Ministerio de Justicia al objeto de actualizar las tablas, que hacía más de diez años que ni siquiera habían sido revisadas conforme a la variación porcentual del IPC y se han actualizado, aunque a mi juicio de forma insuficiente, aún tenemos mucho que luchar. En relación con ello se recibieron críticas, pues se producía un aumento porcentual en la remuneración, pero teniendo en cuenta que no se habían actualizado en más de diez años y la cifra objeto de actualización, se entiende que el incremento resulta irrisorio. Por otra parte, y hasta hace unos meses, siempre hemos cobrado la remuneración de forma trimestral, y el ministerio ha acumulado en muchas ocasiones un retraso en el pago de dos o tres trimestres. Pero la peor situación se dio cuando en los primeros meses de este año el ministerio congeló el pago de la remuneración de los letrados del turno de oficio.

–¿En qué se tradujo?

–Durante meses no se cobró nada, porque el ministerio no pagó nada. El servicio continuó prestándose, los abogados continuaron trabajando como siempre, pero, como digo, durante meses no cobramos cantidad alguna por nuestro trabajo. Afortunadamente, las muchas negociaciones mantenidas con el ministerio pusieron fin a la situación. Actualmente, al menos en Salamanca, el cobro se realiza de forma mensual y puntual. Como el sistema de gestión así lo permite, prácticamente el mismo día que el Colegio de Abogados de Salamanca recibe el dinero lo transmite a los compañeros y les paga en función del trabajo realizado y justificado debidamente.

–¿Qué medidas habría que tomar para que su situación fuera realmente reconocida?

–Creo que el problema es de falta de información. Es necesario que los ciudadanos nos conozcan, sepan de nuestro trabajo, sepan cómo trabajamos durante una guardia, cuánto trabajo supone un procedimiento judicial, que no se limita sólo a redactar una demanda, celebrar un juicio y esperar una sentencia, ni mucho menos. Debería conocerse lo que trabajamos por el precio que cobramos, el esfuerzo y empeño que ponemos en la defensa de los intereses del ciudadano que nos ha sido designado, poniendo los mismos medios que si se tratase de un asunto particular, porque son los medios de que dispongo. Creo que con todo ello, simplemente con conocer nuestro trabajo, se reconocería.

–¿Qué se ha conseguido tras las presiones de los colegios de abogados?

–Se ha conseguido que desde el ministerio se haya ofrecido el cobro mensual en lugar del trimestral, que era el que se utilizaba desde hace muchos años, por los servicios prestados y la actualización de los pagos hasta conseguir, como ahora, que el pago sea a tiempo.

–¿Qué beneficio obtienen los abogados que prestan sus servicios como abogados del turno de oficio?

–El abogado que lo es de vocación seguro que está dado de alta en el turno de oficio y es una satisfacción muy grande tener la convicción de que has defendido correctamente los derechos e intereses de la persona que te ha sido designada. Porque por el hecho de que sus ingresos sean más bajos no debe consentirse que la defensa de sus intereses se vea mermada. Es un derecho constitucional el que se asegura con la existencia del turno de oficio, y que se efectúa con el trabajo de muchos compañeros que también se dedican a trabajar como abogados de oficio. La remuneración obtenida no asegura ni siquiera la cobertura de gastos, pero la satisfacción de haber colaborado a la protección y efectividad de un derecho constitucional y defender los intereses de quien de otro modo se vería desamparado, es el aliciente.

–¿Se debería hablar más de ello en las facultades?

–Cuando nos preparamos para el ejercicio de esta profesión creo que interiorizamos que también podemos prestar una ayuda y un servicio a nuestra sociedad y lo desarrollamos de este modo.

–Entonces, ¿es más una cuestión vocacional en la mayoría de los casos?

–En mi opinión, sí. Desde luego que la razón no es económica. Se trata de velar por el cumplimiento de un derecho constitucional, el derecho de defensa de todos, el de asegurar la igualdad de armas de las dos partes en el proceso, también para aquél que no puede permitirse pagar los servicios de un abogado.

–Recibe el reconocimiento el día de la Justicia Gratuita, ¿qué significa contar con este servicio para los ciudadanos?

–Aun a riesgo de parecer reiterativa, significa asegurar que quien no dispone de medios económicos sea debidamente defendido en un procedimiento judicial, lo que es absolutamente imprescindible. Es nada menos que un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución Española en su artículo 24 lo consagra dándole el carácter de derecho fundamental, el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. En su artículo 119 dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y en todo caso para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en las condiciones y cumplidos los requisitos legalmente previstos. Y ello para asegurar el acceso de todas las personas a la justicia gratuita en condiciones de igualdad y evitar cualquier discriminación por falta de recursos económicos. Es un conjunto de derechos fundamentales lo que asegura la existencia del turno de oficio, y como digo, subsiste por el trabajo de los compañeros que, como yo, ejercen también como abogados del turno de oficio.

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