"El BBVA quiere dejar en la calle a una pareja de ancianos (de 84 y 85 años) y el hijo que les cuida (parado de larga duración), después de varios meses dando largas". Así reza el encabezamiento de las octavillas que los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH han repartido en la calle Santa Clara esquina con la Subdelegación del Gobierno, frente a la sede de la entidad bancaria.

Los activistas reclaman que la familia pueda quedarse viviendo en el piso pagando un alquiler social, fórmula que en principio había sido aceptada por el banco y en teoría estaba en trámite, pero que está en el aire, ya que de hecho existía una orden de lanzamiento para el próximo 25 de junio.

Mena Martins, portavoz del colectivo, confía en poder paralizar el lanzamiento, pero reclama una solución al caso para evitar que dentro de un tiempo se vuelva a producir esta amenaza de expulsión de la familia de la residencia donde habita. Uno de los aspectos que causa inquietud es que según el banco el inmueble sería ahora propiedad de un fondo de inversión, Divarian, aunque todos los documentos del desahucio figuran a nombre del BBVA. El traspaso del inmueble a un fondo, con sede en algún país europeo, dificultaría la interlocución a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Este movimiento mantiene también conversaciones con otra entidad, Caja Rural, con la que parece que puede haber acuerdo para resolver otros dos casos de desahucio. En el primero se trata de una familia con un hijo, que puede quedarse en su casa hasta septiembre y mientras tanto buscar una alternativa habitacional. Perderá la vivienda pero eliminará la deuda que tenía con esta entidad. El segundo caso también está a punto de alcanzar un acuerdo: se trata de una explotación ganadera de la zona de Benavente. La pareja que la habita podrá quedarse en la casa prefabricada como guardeses hasta que la entidad venda la propiedad y desde ese momento tendrán 45 días para el desalojo.