La conflictividad jurídica aparejada a los alquileres de viviendas o locales comerciales se ha reducido a la mitad en Zamora en el año 2018, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Durante el ejercicio pasado se registraron 18 sentencias judiciales de arrendamientos urbanos, todas ellas dirigidas a la falta de pago de la renta o de otras cantidades, como las fianzas. No se registró ninguna sentencia referida a subarrendamientos, actividades molestas, obras no consentidas o denegación de prórrogas, entre otras cuestiones.
El número de sentencias ha ido claramente a la baja hasta el punto de que la cifra del año pasado es la más bajas desde que publica esta estadística, cuya primera edición data de 2012. En 2017 fueron 34 las sentencias. El mayor número se dio precisamente hace siete años, cuando se alcanzó la cifra de 46.
A nivel regional, los juzgados de Castilla y León emitieron 414 sentencias relacionadas con litigios en arrendamientos urbanos a lo largo de 2018, ocho más que en 2017, lo que supone un aumento del 1,9%. Un total de 356 sentencias, el 86% del total, estuvieron provocadas por falta de pago de la renta o finanzas; 17 respondieron a litigios sobre denegación de prórroga; una a subarriendo o cesión sin consentimiento; y 38 a otras causas.La mayor parte de las decisiones judiciales, 324, se produjeron por litigios relacionados con arrendamiento de viviendas; frente a las 90 de otro tipo. Las sentencias por arrendamiento de viviendas, descendieron un 0,9 por ciento, mientras que las de otro tipo se elevaron un 13,9 por ciento.
La Estadística de Litigios en Arrendamientos Urbanos precisa que en el caso de los arrendamientos para vivienda, los impagos fueron la causa de 285 sentencias; siete respondieron a litigios sobre denegación de prórroga; dos al no uso como vivienda permanente; una a subarriendo o cesión sin consentimiento; y 28 a otras. Asimismo, en el caso de arrendamientos para uso distinto del de vivienda, 67 sentencias respondieron a impagos; y 12 a otras causas.
El informe del INE precisa que de la sentencias emitidas (414), un total de 298 fueron estimadas en su totalidad; mientras que 73 sólo asumieron las demandas parcialmente; y en 43 se desestimaron. En el caso de las sentencias sobre viviendas, 237 fueron estimatorias en su totalidad; 56 parciales; y 30 de rechazo; mientras que en otros arrendamientos, asumieron las reivindicaciones de los litigantes en 61; de forma parcial en 17; y se descartaron 12.
El informe también analiza los decretos (resolución que dicta el letrado de la administración de justicia con el fin de poner término al procedimiento) de arrendamientos urbanos, y precisa que el año pasado ascendieron a 2.331 en la comunidad.
