Carlos Gil

El Procurador del Común de Castilla León, Tomás Quintana, presentó ayer en las Cortes el informe de la institución correspondiente a 2018, en las que figura un 67% de quejas más, un total de 6.500 frente a las 3.888 del ejercicio de 2017. Este sensible incremento se produjo por la masiva llegada la pasada Navidad de 3.859 quejas, un 60% de todas las contabilizadas, provenientes de anomalías en el funcionamiento del servicio oncológico de Zamora.

Un problema derivado de la marcha de dos facultativos que generó honda preocupación entre los pacientes de cáncer de la provincia, sobre todo cuando muchos de ellos vieron aplazadas las citas para las revisiones, pero que por fortuna acaba de quedar resuelto hace poco tiempo, al haber conseguido Sacyl contratar a otros dos oncólogos, con lo que la plantilla vuelve a ser de seis.

Tomás Quintana, no obstante, se ha ocupado y preocupado de otros muchos asuntos procedentes de las quejas de los zamoranos.

E Sanidad Rural. Una problemática "recurrente" son las deficiencias de la atención sanitaria en el medio rural. Y en este apartado el Procurador del Común destaca como relevantes, desde una perspectiva cuantitativa, las treinta y nueve quejas formuladas sobre la situación del Consultorio de Santa Cristina de la Polvorosa o del de Micereces de Tera, en Zamora.

E Aguas sin depurar. Hay 167 pequeñas localidades de León, Soria y Zamora que han solicitado la autoexclusión de la vigilancia sanitaria de determinadas zonas de abastecimiento, por lo que Sanidad ha dejado de supervisar si se cloran o no las aguas y se limita a comprobar que se informa a la población mediante un bando, cada cuatro años. El Procurador del Común instó a la Junta a que se recupere este control, pero la Administración declinó hacer caso a Tomás Quintana, quien escribió a las localidades para que volvieran a vigilar las aguas. A su juicio es una discriminación que por criterios exclusivamente de número de habitantes se vigile el agua de unos pueblos y otros no incluso dentro de la misma localidad.

E La carretera de nadie. La carretera sin nombre que une Manganeses de la Polvorosa y Villabrázaro desde la vía ZA-P-1511 no es de nadie: ni de los ayuntamientos, ni dela Diputación, ni de la Junta, ni del Estado. El Procurador del Común considera que el aplicación de la Ley de Carreteras de Castilla y León, es la Diputación la que debería asumir la titularidad, si bien la institución provincial no compartió ese criterio y no aceptó la recomendación de Tomás Quintana.

E Trihalometanos. Una queja denunció las deficiencias de la estación de tratamiento de agua potable de Sayago (Sayagua), al encontrarse fuera de servicio el sistema original de oxidación mediante dióxido de cloro, lo que supuso un incremento del parámetro de trihalometanos, muy por encima de los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. La instalación de un sistema de preoxidación por ozono, así como la promesa de la Mancomunidad Sayagua de gestionar adecuadamente el agua potable hizo que el Procurador del Común decidiese archivar esta actuación.

E Chocarse con las farolas. El Procurador del Común instó al Ayuntamiento de Moral de Sayago a que modificara la ubicación de ocho farolas del Paseo de la Carretera, ya que situadas en el medio del trazado, impide el paso de personas con movilidad reducida o invidentes. Proponía que se situaran en el borde del paseo si había anchura suficiente o en las fachadas de las casas cuando no fuera posible. Pues bien, el Ayuntamiento rechazó la recomendación.

E Multa prescrita. El Ayuntamiento de Benavente aceptó la apreciación de Tomás Quintana sobre una multa de tráfico que entendía prescrita al haber pasado más de seis meses desde la fecha en la que se cometió la infracción hasta la fecha de notificación de la resolución por la que se desestimaron las alegaciones.

E Bicicletas en Zamora. Está en curso, aún sin resolver, el expediente abierto al Ayuntamiento de Zamora por el presunto incumplimiento y falta de desarrollo del anexo de la Ordenanza de Circulación y Usos de las Vías Públicas del municipio de Zamora, dedicado a la regulación del uso de las bicicletas aprobado, en 2008 y del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en esa materia.

E Víctimas del franquismo. El Procurador del Común instó a la Consejería de Cultura que facilitara la labor en sus archivos a las personas que pretendían tener acceso a los fondos documentales referidos a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la Dictadura en la provincia de Zamora, a instancias de una asociación dedicada a estos fines que se quejaba de la dispersión y dificultad de acceso a este tipo de fondos documentales.

E Terrazas. El Ayuntamiento de Zamora aceptó a instancias del Procurador del Común la queja de un ciudadano que no entendía por qué se cobraba la terraza todo el año a bares que sólo podían tenerla del 1 de abril al 15 de octubre como consecuencia de la necesidad de instalar plataformas ocupando, por ejemplo, plazas de aparcamiento. Se comprometió a modificar la ordenanza para cobrar no todo el año sino sólo el periodo de ocupación de la vía real.

E Denegación de medicamento. Un paciente de Zamora se quejó al Procurador del Común porque Sacyl le denegó la financiación de un medicamento llamado Xarelto, un anticoagulante oral directo autorizado y financiado para la prevención del ictus y la embolia sistemática en casos de fibrilación auricular no valvular y con uno o más factores de riesgo. Sin embargo, no está financiado el medicamento si se usa para otras indicaciones, como la trombosis venosa profunda, que era el diagnóstico de este paciente. El Procurador del Común entiende que debe estudiarse incluir la financiación del fármaco para todas sus indicaciones, no sólo para algunas.

ELocales municipales. El Ayuntamiento de Cobreros aceptó la recomendación del Procurador del Común para elaborar un reglamento que permitiera contar con criterios predefinidos para ceder o denegar locales municipales y así evitar discriminaciones de unos vecinos a otros. Es un problema que se da en varios puntos de la comunidad.

E Citas de los concejales. Algunos concejales se quejaron a Tomás Quintana de que se les citaba a las sesiones por correo ordinario, teléfono o por el tablón de anuncios, con lo que a veces no se enteraban. Eso sí, "la simple falta de citación de alguno de los corporativos no siempre ocasiona la nulidad radical y absoluta de la sesión", como sucedió en Villanueva de las Peras, donde la falta del concejal no citato podría haber variado el resultado de la votación. El Ayuntamiento rechazó revisar de oficio el acuerdo plenario. A esta misma corporación se le recordó que los contratos verbales no son válidos.

E Registro electrónico. En el caso del municipio de Villanueva de las Peras (Zamora), "se consideró oportuno recordar que la implantación del registro electrónico permitiría a los residentes superar las dificultades derivadas de un horario muy reducido de apertura de las oficinas, que también se aconsejaba ampliar, si bien tales indicaciones no fueron aceptadas", explica el Procurador del Común.