La declaración prestada ayer por las acusadas de supuestos malos tratos y vejaciones a usuarios de la residencia municipal de Montamarta dejó constancia de las "tensiones y el mal ambiente de trabajo que subyace en el caso", explicó uno de los abogados de la defensa. El pendrive, el "pincho", en el que se recogen las grabaciones donde se escucha a las dos empleadas utilizando expresiones que vendrían a corroborar esos delitos "son de hace dos o tres años".
Aparecen "en la taquilla de una empleada" justo cuando la delegada sindical está de baja y se las entregan al concejal del PSOE en la oposición del Ayuntamiento de Montamarta, Rogelio Conde, quien lo puso en conocimiento de la Fiscalía. Los abogados de las dos acusadas no dudan en apuntar el posible trasfondo político de esta denuncia para perjudicar a la actual alcaldesa Cristina Folgado, de Unidos Por Montamarta, y al teniente de alcalde, Benjamín Hernández Nieto, del PP.
