Zamora está "preparada" para asumir el incremento que población que dejaría la vuelta de la vida militar al campamento de Monte la Reina, entre Zamora y Toro. Así lo asegura el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana provincial, Salvador Prieto. "Zamora cuenta con las infraestructuras suficientes" para acoger este incremento de población, que según fuentes bien informadas podría llegar a las 3.000 personas. "Desde el punto de vista urbano no hay ningún problema. Hay suficiente vivienda en alquiler, en venta y suficiente suelo para construir si fuera necesario", apuntan las mismas fuentes. Cabe señalar que la existencia de vivienda suficiente es una de las máximas preocupaciones del Ejército, así como la existencia de servicios públicos en las zonas en las que los militares se desplegarían.

Prieto realizó estas declaraciones antes de la celebración del Consejo Regional de Cámaras, reunido ayer en el Parador de Zamora. Los integrantes de las Cámaras de la Propiedad Urbana de las provincias regionales, comandados por Ángel Merino, presidente regional y nacional, analizaron además diversos puntos de actualidad. Entre ellos, la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que "rompe el equilibrio que debe imperar en cualquier contrato" y "da al inquilino mucho poder" sobre el acuerdo. "Esto se puede traducir en un incremento de precios y en ciertos problemas como reducción de la oferta", aseguran desde la misma institución. El presidente de la Cámara de la Propiedad de Zamora asegura que "el propietario no puede exigir garantías" porque "la ley prohibe los avales y fianzas superiores a dos meses", una situación que, no obstante, "todavía podría pelearse en los tribunales".

La consecuencia, explican las mismas fuentes, es que crece el miedo de los propietarios a poner su vivienda o su local en el mercado del alquiler. "La ley fija además unos periodos de alquiler mínimos que son bastante elevados", apuntan desde la Cámara de Propiedad Urbana de Zamora. Se trata de un mínimo de cinco años para las personas físicas y de siete años para las jurídicas, es decir, para empresas. "Siete años empieza a ser un periodo de tiempo más que considerable desde el punto de vista económico, lo que puede hacer que algunos propietarios se echen atrás y se lo piensen dos veces antes de alquilar sus inmuebles".