09 de mayo de 2019
09.05.2019

Los funcionarios de Justicia cobran 350 euros menos que los de otras comunidades

El colectivo exige la mejora de retribuciones de guardias en los juzgados de la provincia

08.05.2019 | 22:07
Funcionarios en la concentración ante la Audiencia Provincial.

Un centenar de funcionarios del Ministerio de Justicia en la provincia retomaron ayer las concentraciones a las puertas de la Audiencia de Zamora para exigir la equiparación salarial con los compañeros de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias y que perciben "entre 350 y 600 euros más al mes" en sus nóminas, denunció el representante del sindicato CSIF, Juanjo Banciella.

Los manifestantes incidían en que los exámenes para ingresar como funcionarios de Justicia son iguales para todos, así como el trabajo que desempeñan, por lo que no existe ninguna justificación para mantener esa diferencia salarial entre unos y otros territorios del país, tengan o no competencias en Justicia.

Las reivindicaciones incluyen también "la mejora de la retribución de guardias semanales en juzgados de la provincia como el de Puebla de Sanabria, donde el funcionario percibe 55 euros por estar disponible los siete días para atender cualquier incidencia". La diferencia con los empleados públicos que realizan las guardias en los juzgados de la capital resulta un agravio comparativo, ya que el Ministerio les abona 300 euros por toda la semana, si bien la jornada es presencial de lunes a viernes en horario de mañana y tarde; los sábados por la mañana y por tarde; y los domingos solo por la mañana.

Las protestas del colectivo se extienden a otra exigencias: el abono de un complemento económico por los servicios que prestan al Juzgado de Violencia de Género de la provincia, por la especial formación que requieren estos procedimientos. Este emolumento lo suprimió en 2011 el Gobierno central del PP, cuando era ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Por último, los funcionarios de la Administración de Justicia en la provincia mantienen sus movilizaciones para que el reparto de la productividad se realice con criterios objetivos, que se reparta entre toda la oficina y "que no recaiga solo en los jueces, fiscales y letrados de la Administración", apuntaba el representante del sindicato CSIF. Los funcionarios mantendrán sus movilizaciones hasta que consigan un acuerdo con el Gobierno central para mejorar sus condiciones laborales.

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