Hasta que se produjeron los recortes en gastos del presupuesto del Ministerio de Justicia, la Fiscalía podía contratar los viajes que precisaran los fiscales adscritos a juzgados de la provincia con un servicio de taxi que abonaba la Administración central. Cuando la crisis económica obligó a prescindir de este medio de transporte, que se contemplaba solo para casos muy excepcionales, cuando era imprescindible la presencia física del fiscal en la diligencia judicial, "hemos contado con el coche oficial de la Subdelegación del Gobierno", indican desde la Fiscalía. De hecho, los fiscales han utilizado ese vehículo oficial en alguno de los sucesos de mayor gravedad que se han registrado en estos años
La utilización del coche propio también se llegó a plantear, pero se ha descartado no solo porque no se abone el kilometraje, sino porque, de producirse algún percance o accidente de tráfico, al tratarse de un vehículo privado, resultaría complejo que el perjudicado pudiera ver resarcidos los daños sin tener que enfrentarse a proceso complicado.
