29 de marzo de 2019
29.03.2019

El presidente de las Cortes: "Era nuestra obligación sacar una nueva Ley de Caza"

Ángel Ibáñez preside la presentación de la memoria del Consejo Consultivo de 2018 que refleja un incremento de actividad, también en el tribunal de contratos

28.03.2019 | 19:08

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez ha defendido la modificación de la Ley de Caza realizada por el legislativo autonómico con el fin de posibilitar a la Junta para que arbitre la temporada cinegética de este año, anulada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ibañez presidió el acto solemne de presentación de la Memoria 2018 del Consejo Consultivo, que refleja un incremento de actividad de este órgano y el Tribunal de Recursos Contractuales, presididos por Agustín Sánchez de Vega, aunque con la gestión de su predecesor, Mario Amilivia.

"Las Cortes representan al pueblo". "Las Cortes representan al pueblo de Castilla y León y ayer, sin ningún voto en contra, decidió dar un paso para garantizar la actividad cinegética en nuestra comunidad, porque además de ser un sector estratégico para Castilla y León genera miles de puestos de trabajo y millones de euros de inversión", indicó Ibáñez. Para el presidente de las Cortes, "nuestra obligación como representantes del pueblo de Castilla y León era garantizar esa actividad. Aquellos ciudadanos que crean que se ha vulnerado algún derecho pueden acudir a nuestro sistema judicial, que entiendo será garante de que se cumpla la legalidad. Pero desde la cámara legislativa estábamos en la obligación de representar los intereses de Castilla y León y eso es lo que hicimos en la tarde de ayer con la aprobación de la Ley de Caza".

Habrá temporada cinegética este año. Ibáñez reconoce que existe una sentencia que impedía la actividad cinegética, pero cree que "con lo aprobado ayer la Junta de Castilla y León podrá disponer lo necesario, los elementos reglamentarios oportunos para que la actividad de la caza se pueda regular para esta temporada de modo inmediato, porque era una preocupación importante en el sector y a partir de ahí si alguien recurre a los tribunales, serán éstos los que determinen si existe alguna cuestión que corregir, modificar, anular, o si se puede seguir funcionando con normalidad con los instrumentos que ya existen".

557 dictámenes y 131 resoluciones. La memoria del Consultivo refleja la actividad del pasado año, con 557 dictámenes y también del Tribunal, con 131 resoluciones de contratación. Agustín Sánchez de Vega hizo balance de los 15 años de funcionamiento del Consultivo, que es hoy una institución "fuerte y consolidada" que ha asumido nuevas competencias como las del Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración y ha sabido adaptarse a las necesidades de la comunidad. En su opinión, ambos han demostrado su "utilidad y necesidad como ratifica que desde la creación del Consultivo, en 2003, se han emitido más de 14.700 dictámenes y desde la adscripción del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2012, se han resuelto 658 recursos que suman más de 4.500 millones de euros en litigio". Destacó como señas de identidad la independencia, objetividad jurídica y neutralidad política, transparencia y eficiencia, además de la agilidad en la emisión de dictámenes ya que más del 90% lo fueron en un promedio de 13 días hábiles, lo que supone un plazo muy inferior a los 20 días establecidos legalmente. El grado de aceptación de los dictámenes emitidos es prácticamente unánime, prueba inequívoca de la "auctoritas" que preside su ejercicio, y del fundamento que emana de sus dictámenes y resoluciones.

El 75% del trabajo, reclamaciones patrimoniales. En relación a la función consultiva, el 52,4% de los dictámenes emitidos (292) fueron solicitados por las administraciones locales y el 46,7% (260) por la administración Autonómica, siendo la Consejería de Sanidad la de mayor número de dictámenes solicitados, 134, un 24% del total. Por provincias, Valladolid fue la primera en número de solicitudes de dictamen al Consejo Consultivo, con un 22% (122), seguida de Burgos con el 15,3% (85); León con un 13,3% (74); Salamanca, 12,8% (71); Palencia, 9,3% (52); Zamora, 7,2% (40); Segovia, 5% (28); Ávila, 4,7% (26) y Soria, 0,72% (4), mientras que el resto de los dictámenes demandados (55) tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad al tratarse, por ejemplo, de anteproyectos de ley o reglamentos ejecutivos. En cuanto a la clasificación de los dictámenes, un total de 419, lo que representa más del 75% del total, derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados por el normal o anormal funcionamiento de los servicios de las administraciones, seguidos de los referentes al ámbito sanitario y de los derivados de daños causados por el mobiliario urbano.

Más recursos sobre contratación. La actividad del Tribunal de Recursos Contractuales aumentó el pasado año significativamente como consecuencia de la ampliación del objeto del recurso especial y la disminución del importe de los umbrales en Ley de Contratos del Sector Público. En 2018 se resolvieron 131 recursos de contratación, un 8,3% más que en 2017, destacando además la escasa litigiosidad y la celeridad del Tribunal, con una duración media del procedimiento muy inferior a la de los procesos judiciales. 102 de los recursos resueltos en 2018 procedieron de procesos de contratación de Consejerías, de manera especial la de Sanidad, y de municipios, principalmente por servicios y suministros. El 30% de las resoluciones dictadas estimaron total o parcialmente los recursos, el 56% los desestimaron y el resto fueron desistimientos e inadmisiones. En cuanto a los actos impugnados, la mayor parte corresponde a pliegos y anuncios de licitación. En este sentido, se impugnan fundamentalmente los contratos de servicios (68,38%), seguidos de los de suministros (24,6%). La adjudicación, fundamentalmente, exclusión y pliegos motivaron la mayoría de las impugnaciones.

Amilivia y Sobrini, eméritos. En el transcurso del acto se ha nombrado como consejeros eméritos a Mario Amilivia y José Ignacio Sobrini. Mario Amilivia fue nombrado en 2007 consejero electivo y presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, cargo que ocupó hasta el pasado mes de enero. Actualmente es el presidente del Consejo de Cuentas. José Ignacio Sobrini, secretario general de la institución de 2006 a 2013, fue nombrado en 2015 consejero electivo, cargo que desempeñó hasta enero de 2019. Ahora es el secretario general de apoyo a las Instituciones Propias de la comunidad.

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