Se ha levantado un gran revuelo entre las enfermeras inscritas en la lista de sustituciones de Sacyl tras la publicación de una orden que entró ayer en vigor y que sanciona a las profesionales que reciban una llamada para un trabajo y que no cojan el teléfono después de cuatro intentos. Hasta ahora no coger el teléfono llevaba aparejado que se saltaba el turno de la afectada, mientras que ahora no contestar equivale a una negativa a asumir el trabajo, lo que implica tres meses de expulsión de la lista.
Pues bien, las enfermeras afectadas se han organizado para ir contra la modificación de la orden por la que se regulan las bolsas de empleo.
Según explican, en la orden inicial (Orden SAN/713/2016 de 29 de julio) se establecía, entre otras cosas, "que se podrían actualizar méritos mínimo de forma anual y las zonas de elección de llamamientos". Pues bien, "no sólo ha sido imposible dicha actualización después de tres años sino que además cada vez nos aplican normas más impositivas y restrictivas".
La novedad, explica una de las afectadas "es que si tras cuatro llamadas a lo largo de un mes no respondes al teléfono, te sancionarán tres meses sin trabajar, añadiendo a la problemática que ya no solo usan las extensiones características de los hospitales (extensiones largas) para realizar los llamamientos ahora también utilizan números ocultos y privados sin poder distinguirlos y sin saber si debes devolver la llamada ya que no sabes si te están llamando desde un hospital o un comercial de una compañía telefónica".
Fuentes del colectivo argumentan que pueden ocurrir distintas circunstancias, como que las cuatro llamadas se hagan en el mismo día, sobre todo en épocas de alta demanda, a un profesional que esté trabajando para Sacyl en un pueblo sin cobertura, que se encuentre de descanso post guardia "que tengamos vida propia sin estar pegados a un teléfono 24 horas". Los afectados consideran que con la nueva norma "pretenden que el personal temporal tenga plena exclusividad para la Gerencia Regional de Salud, aumentando nuestras condiciones laborales precarias".
Argumentan que "tenemos que trabajar a cientos de kilómetros en ciudades que elegimos hace tres años sin tener en cuenta que las condiciones personales cambian (capacidad económica, cuidado de hijos o familiares), también hemos de aceptar contratos precarios en los que nos dan de baja en la seguridad social los fines de semana y de alta nuevamente el lunes, tenemos que ser comodín no solo de los hospitales sino también de varias ciudades, con la repercusión hacía el paciente que supone no tener una continuidad de cuidados".
La queja unánime de los afectados es que los "sindicatos y Colegios profesionales de Enfermería "pactan a nuestras espaldas sin informarnos de nada".
