Ni cortes de cinta, ni ruedas de prensa ni actos para ensalzar la gestión realizada durante los cuatro últimos años de mandato o para presentar proyectos a iniciar con cargo a los presupuestos institucionales. Desde ya y hasta el 28 de mayo, los cargos públicos de los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación de Zamora, los procuradores de las Cortes de Castilla y León, los diputados y senadores zamoranos tienen prohibido salir en los medios de comunicación sacando pecho por los logros de sus respectivos gobiernos o inversiones inminentes, so pena de incurrir en un delito.

La advertencia llega en forma de instrucción de la Junta Electoral Central, en respuesta a una consulta en la que se advierte que está prohibido "desde la convocatoria de unas elecciones", con la particularidad en esta ocasión de que tal limitación se prolonga durante casi tres meses, dada la concatenación de plebiscitos. Esta circunstancia prolonga esa prohibición durante casi dos meses antes de los comicios nacionales, el 28 de abril; y hasta la celebración de los municipales, autonómicos y europeos, el 26 de mayo.

La Junta indica expresamente que "los poderes públicos" no pueden "organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a realizaciones o a los logros obtenidos" en el periodo de los mandatos en las instituciones públicas a renovar. Tampoco podrán usar "imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas", partidos o agrupaciones ciudadanas, "que concurran a las elecciones". El objetivo no es otro que garantizar que los diferentes aspirantes a ocupar los cargos públicos en liza jueguen en igualdad de condiciones de cara al electorado, que consigan apoyos de los ciudadanos no en base a inversiones realizadas o de las que pueda colocarse la "primera piedra", sino con arreglo al programa electoral puro y duro.

Otra cosa serán las argucias que puedan utilizar esos cargos públicos para tratar de sortear la legislación y el mandato de la Junta Central, para dar cabida en sus agendas a actos que sirvan para influir en la voluntad de los votantes. "Esa normativa es lo que es", declara el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, pero no puede impedir que, cuando se dé comienzo a una obra municipal en este periodo, se informe de ello "porque es de interés público", ya que puede interferir en el día a día de la ciudad, de la vida cotidiana del propio ciudadano "si se colocan vallas, se cortan calles o se abre una zanja".

Un gran perjudicado por esta disposición del 4 de marzo es el Ayuntamiento gobernado por IU-PSOE, con proyectos a punto de empezar como la conclusión de la rehabilitación del matadero viejo como espacio cultural; la intervención en una veintena de caminos rurales, ya adjudicada, de lo que hay que informar porque se cortarán calles, al igual que cuando se emprenda la urbanización de la plaza de Puentica o se ensanche del puente bajo la antigua vía del tren Ruta de la Plata del barrio de Pinilla.

Los derribos previstos en la calle de La Feria 11 y de la bajada de San Martín, número 2, y la renovación de alumbrado de la calle de San Torcuato, del barrio de Villagodio y de El Castillo son otras intervenciones de las que la institución emitirá "meras notas informativas" para prevenir al ciudadano de andamios y otros aparatajes que puedan instalarse en la vía o espacios públicos y causar molestias. "Lo que no se puede hacer es publicidad pura y dura", asume Guarido.

La Diputación tampoco podrá anunciar a bombo y platillo actuaciones como las llevadas a cabo con cargo a los planes provinciales; las vinculadas al Plan de Empleo ni las contrataciones que tenga previstas, además de las inversiones relativas a obras de los planes contra la sequía que hayan ejecutado los ayuntamientos de la provincia con ayudas de la institución provincial.