Cuando su puerta se abre, cierra el paso a las prisas y los sobresaltos. La tensión y la impaciencia, tan unidas a la actividad policial, se quedan fuera. Sus casos, sus víctimas, mujeres, niños, hijos, padres, madres, abuelas y abuelos, necesitan tiempo y confianza, la tan manida empatía que estos agentes derrochan. Desde 2015, cuentan con un espacio blindado y un equipo especialmente formado, hombres y mujeres, para atender en la Comisaría de Zamora a esas personas que han sufrido violencia de género, agresiones sexuales, violencia doméstica o pederastia, "pon mejor pornografía infantil, comentan desde la Unidad de Familia Mujer (UFAM).

En su pequeño despacho, los policías, codo con codo, con dedicación las 24 horas del día si el caso lo requiere -apoyados por la brigada de Seguridad Ciudadana u otras, si es necesario-, investigan cada año un centenar de asuntos relacionados con alguno de esos delitos que atentan contra lo más vulnerable del ser humano: su dignidad, su integridad física sexual y psicológica.

Las condiciones de trabajo de los agentes están a años luz de lo que fue la unidad embrionaria de la UFAM, creada en 2015, y el trato a las víctimas está muy lejos de aquel otro en el que la mujer víctima de maltrato, violación o abuso sexual partía de la incredulidad de quien le escuchaba. En un despacho especialmente destinado a acoger con absoluta intimidad a la mujer, los policías le toman testimonio desde el respeto total y la cercanía. Nadie cuestiona hoy en la UFAM a las denunciantes, apuntan desde la Unidad para afirmar que las falsas son insignificantes.

El equipo, compacto y cohesionado, mantiene protegidas a 67 víctimas de violencia de género, con sentencias dictadas por un juez, si bien en la actualidad no hay ninguna que se halle en riesgo alto o extremo, los dos niveles que activan una vigilancia continuada, en algunos casos más graves durante todo el día, para salvaguardar la integridad física de la mujer. En estos, un policía acompaña a la mujer cada vez que sale de su casa para realizar cualquier tipo de actividad. Cuando los hijos también han sido amenazados por la pareja de la víctima, por el padre, el protocolo es el mismo: un agente acude con él al colegio, en el trayecto a casa o a cualquier otro lugar. Una vigilancia extrema que nunca se cierne sobre el maltratador, subrayan los agentes, salvo que el juez ordene que se le coloque la pulsera con geolocalizador que permite saber si se aproxima a la víctima.

Esas 67 zamoranas con orden de protección están en situación "no apreciado" de riesgo o nivel bajo, cuando se les facilita un teléfono de asistencia, se tienen contactos esporádicos con la víctima que aumentan si varían las circunstancias. Es a partir del nivel medio cuando existe un peligro de integridad para la víctima protegida, se le ofrece la posibilidad de ir a vivir a un centro de acogida fuera de Zamora o de cambiar de domicilio para que no le localice su maltratador. Los policías disponen del "sistema Voigen", de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, para valorar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima de violencia machista, para lo que dispone de un amplio cuestionario con preguntas muy concretas que permiten concretar la gravedad de cada caso. "Todas las diligencias que se abren se asientan en el Viogen". Desde la UFAM, inciden en la importancia de un sistema que permite conocer a cualquier Comisaría de España en detalle la situación de un caso de violencia de género cuando la mujer llega a ese territorio, "me permite saber las medidas a tomar" para su protección.

La delicadeza de los asuntos que abordan les obliga a tener especial tacto con quienes denuncian. Y muy cautos en las investigaciones para que no trasciendan ni identidades de las víctimas ni detalles sobre lo sufrido. "Aquí, se cierra la puerta y el resto de los compañeros saben que no se puede entrar". Es el secreto para que no se filtre ni un detalle de ninguna operación relacionada con otros delitos como la pornografía infantil. Así se desarrolló, con máxima discreción y cautela, la "operación Cuna", iniciada con la investigación de un zamorano acusado de bajar y distribuir archivos de pornografía infantil, a través de un chat anónimo, con agresiones a bebés en muchos casos. Destapó una red nacional, en la que estaban implicadas 17 personas en nueve provincias, desde Barcelona a Alicante, de donde era el cabecilla.