Desde 2013, tres años después de divorciarse de su esposa, no ha vuelto a correr con ninguno de los gastos de sus dos hijos, adolescentes, tanto es así que acumula una deuda de 17.250 euros en pensiones mensuales para sus vástagos, según precisó ayer la Fiscalía Provincial, que solicitó a la magistrada del Juzgado de lo Penal que le condene a 9 meses de prisión.
El procesado, que no compareció en el juicio que se celebró ayer en su ausencia, incurre así en un delito de abandono de familia, al desatender el deber de sustentar a sus hijos con el pago de 300 euros al mes para ambos. Esta infracción conlleva penas de prisión máxima de un año o la imposición de una multa de seis a 24 meses cuando el padre deja de pagar dos meses consecutivos o cuatro alternos, alternativa esta última que no contempla la Fiscalía Provincial, dado el largo tiempo que el acusado lleva sin abonar la pensión para los dos descendientes. En este caso, se trataría de 60 cuotas insatisfechas.
Un embargo de 750 euros
El único dinero que ha abonado desde entonces son 750 euros en el año 2017, una cantidad que procede no de una entrega voluntaria, sino de un embargo impulsado por el Juzgado para intentar cobrar parte de lo que adeuda a sus hijos, de los que nunca se ha hecho cargo desde el divorcio de su esposa, en 2011. Desde entonces, los dos adolescentes no han visto ni un euro de su padre, de iniciales M.G., cuyo abogado aseguró ayer que "no incumple de forma deliberada, sino porque le es imposible", dada la precaria situación económica que atraviesa el procesado.
La defensa alegaba el descenso de ingresos que viene sufriendo el imputado, que se ve abocado a vivir con menos de 600 euros al mes. Se refirió a la legislación vigente que establece que las pensiones a pagar a los hijos no pueden superar el 30% de las retribuciones del progenitor, por lo que recalculó la deuda de su cliente en 8.555 euros, el equivalente a un pensión de 155 euros por 12 meses y por cinco años menos los 750 embargados por el juez, concretó.
Si la magistrada optara por la condena, el abogado del imputado, que reside en Valladolid, donde estaba domiciliada la familia y desde donde se trasladó a Zamora la mujer con sus hijos hace un par de años, solicita que la responsabilidad civil se quede en el pago de esos 8.555 euros y no en los 17.250 euros que reclama el Ministerio Fiscal.
