La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reunió ayer a los afectados de viviendas de protección oficial amenazados de desahucio por parte de la Junta de Castilla y León para establecer una estrategia común y para acordar los próximos puntos a tratar. Para empezar, los afectados y la plataforma de afectados por los desahucios se reunirán con la Delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora. Según ha podido saber este diario la reunión con los representantes de la administración regional se llevará a cabo esta misma semana, posiblemente mañana miércoles.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunció a finales de la semana pasada que la Junta de Castilla y León está enviando cartas a propietarios de viviendas sociales con cuotas impagadas en las que les amenaza con el "desahucio administrativo" de sus casas en caso de no ponerse al día con la deuda. Muchos casos se ha producido en el bloque de viviendas del antiguo matadero, en San José Obrero, aunque la plataforma asegura que se han registrado también casos en promociones de viviendas de la Alberca, Pinilla, Santa Elena o Los Bloques. Según la información que maneja este diario se trata tanto de viviendas en régimen de propiedad como de alquiler. Las cartas enviadas por la Junta dan a los afectados un plazo determinado para zanjar la deuda si no quieren que el proceso de desahucio se ponga en marcha.

Evidentemente, la plataforma se opone a esa medida haciendo prevalecer el derecho constitucional a una vivienda digna ante la Junta exigiendo una solución a dicha situación, explica Mena Martins, activista del movimiento antidesahucios, "ya que parece poco comprensible que sea la propia administración pública, encargada de velar por el derecho a la vivienda, la que provoque el desahucio". Como siempre en estos casos, la plataforma apuesta por renegociar la deuda porque, insisten las mismas fuentes, todos los afectados por esta situación tienen intención de pagar pero no abonan sus cuotas por pura imposibilidad. Incluso, indican desde la plataforma, se han registrado casos de familias que han intentando negociar con la Junta ante la imposibilidad de pagar la letra mensual (380 euros) cuando los ingresos del núcleo familiar superaban por poco los 400, aunque no se ha llegado a acuerdo alguno.