Un agricultor perdió los casi 40.000 euros que entregó en 2010 para alquilar parcelas municipales de cultivo de San Vitero y Mahíde ofertadas por Internet y más de 200.000 de subvenciones de la PAC al suscribir contratos con un vecino de Santa Eulalia de Tera que se hacía pasar por un arrendatario de esos municipios con derecho a alquilar las fincas a terceras personas. El acusado de un delito de falsificación utilizó la misma táctica para alquilar al mismo agricultor otras tierras de un matrimonio sin el consentimiento de los dueños. La Fiscalía pide a la Audiencia Provincial que condene a nueve meses de prisión al imputado, de iniciales C.M.G., mientras que el abogado del agricultor solicita seis años de prisión por considerar existe también un delito de estafa para cuya comisión se modifican los contratos de arrendamiento de las propiedades. Los magistrados tuvieron que suspender el juicio previsto para ayer porque el imputado no compareció, lo que llevó a la sala a ordenar a la Guardia Civil la búsqueda del vecino de Santa Eulalia de Tera, que se personó en las dependencias judiciales pasadas las 13.00 horas, después de que se hubiera suspendido el juicio y ordenado su arresto inmediato e ingreso en prisión. Finalmente, se ha pospuesto el juicio para el 28 de marzo, tras apercibir seriamente al acusado, según fuentes judiciales.

Fue la Junta de Castilla y León la que descubrió el entuerto cuando recibió la solicitud de la PAC de 2011 del subarrendatario de las tierras y comprobó que no tenía ningún derecho a esa ayuda, puesto que la persona que se las había cedido mediante contrato ni era el titular de las mismas ni tenía ningún derecho sobre ellas.

Al comprobar los contratos se percató de la modificación de su contenido suscritos con los ayuntamientos de San Vitero y Mahíde que le permitían solo labrar la tierra a quien figuraba como arrendatario, sin que existiera ninguna cláusula o punto en el mismo para que dejara el uso de las tierras de cereal en manos de terceras personas. El agricultor exige daños y perjuicios por la pérdida de la PAC y los 40.000 euros abonados.