El fraude de electricidad se incrementó en un 26,2% en un año y se mantuvo alejado del consumidor medio, es decir, de las familias, para volver a concentrarse en el sector residencial de gran consumo, en el sector servicios y el industrial, según los datos derivados de las inspecciones efectuadas en Zamora, entorno a las 2.300 en la provincia a lo largo de 2018. "El perfil del defraudador eléctrico se ha profesionalizado", subrayan fuentes de las compañías que operan en el territorio español, sin embargo, las distribuidoras también han sofisticado las herramientas para detectar el cien por cien de los fraudes, "de forma precisa y eficiente", gracias a "una mejora de los sistemas y la utilización de técnicas analíticas de big date".
El pirateo de energía eléctrica se detectó en el consumo de 586 usuarios, mientras que en la anualidad de 2017 se logró descubrir a 433 titulares zamoranos que disfrutaban del servicio sin abonar ninguna cuantía. Estas cifras confirman que los enganches ilegales se han incrementado sustancialmente el año pasado respecto a 2017, si se tiene en cuenta que fue similar el número de revisiones efectuadas para perseguir esta infracción, que puede ser delito si se defrauda más de 400 euros, lo que conlleva la celebración de juicios para establecer la cuantía a imponer como condena, multas económicas que oscilan entre los tres a doce meses, que deja antecedentes penales al imputado.
El responsable del delito es siempre quien utiliza la energía de forma fraudulenta (enganche de luz) aunque no sea la misma persona que haya ejecutado la manipulación del contador o de la instalación que permiten ese consumo ilegal. En definitiva, el que se aprovecha de la defraudación del fluido eléctrico siendo consciente de lo que está haciendo puede ser imputado por un juez.
A pesar de la crisis económica y del incremento del precio de la energía eléctrica, no son precisamente las familias las que figuran entre los usuarios que acuden al enganche ilegal para evitar el pago de los consumos por el suministro eléctrico. Los datos oficiales apuntan que los consumidores unipersonales o los núcleos familiares solo protagonizan el 1% de los defraudadores sancionados o condenados, indican fuentes de la industria. La energía consumida de forma ilegal el año pasado ascendía a 2.800 megavatios, 800 más que en los doce meses precedentes, abundan las mismas fuentes.
La manipulación de la conexión supone "un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios", advierten desde las compañías hidroeléctricas.
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